Protestas y huelgas de hambre en por lo menos 17 cárceles en todo el país preparan el terreno para que el poder político presione a los jueces que deben otorgar arresto domiciliario a aquellos presos con enfermedades preexistentes, que ya tengan salidas transitorias o bien que estén sin condena firme.
Desde el inicio de la cuarentena se decidió suspender las visitas de familiares a los penales y en su lugar, se habilitó a los detenidos a contar con celulares para comunicarse con sus afectos. Y ese fue uno de los medios que facilitó la organización de motines que, por ejemplo en Florencio Varela, le costó la vida a un recluso de 23 años y la expulsión y detención de agentes del Servicio Penitenciario que le dispararon balas de plomo.
Sin embargo, lo que al principio parecía una medida sanitaria, fue virando hacia una meta que comenzó a alertar a una gran parte de la sociedad: “queremos liberar la mayor cantidad de presos posible” dijeron desde la Comisión Provincial por la Memoria ¿Es ese acaso el objetivo? Quienes están detenidos, cometieron uno o varios delitos. Y de ningún modo se señala que no haya que resguardar su salud en el marco de una pandemia, pero justamente ese debe ser el foco. No es momento para resolver la falta de cárceles y el hacinamiento, que lleva décadas en la Provincia de Buenos Aires, donde el mismo Estado reconoce que hay 21 mil plazas con 41 mil detenidos y comisarías llenas de presos que deberían estar en una unidad penitenciaria.
En un mundo atravesado por el coronavirus, este es un tema que surgió en todos lados, donde hubo motines y revueltas para reclamar condiciones de salubridad. Un reciente motín en Perú dejó 9 muertos y más de 60 heridos. También la Organización Panamericana de la Salud sugirió la prisión domiciliaria para personas en juicio o que no hayan cometido delitos graves. En la Provincia de Buenos Aires ya otorgaron el beneficio a 2700 detenidos, con 2000 resoluciones individuales y un hábeas corpus colectivo que liberó a 700, promovido por la CPM.
La falta de tobilleras electrónicas, reconocida oficialmente por jueces y por el propio ministro de Seguridad Sergio Berni, intenta ser subsanada por la figura del “garante”, que no es ni más ni menos que un familiar o allegado del detenido. Algo que raya lo ridículo y cuyo principal argumento es la falta de presupuesto.
La liberación indiscriminada de presos en la provincia de Buenos Aires expone no sólo un sistema penitenciario abandonado durante décadas, sino a la población entera a convivir en las calles con aquellos que la dañaron y deberían estar cumpliendo su condena puertas adentro. Y también deja entrever el miedo a un escenario caótico en el que miles y miles de detenidos requieran atención hospitalaria y tengan que ser internados en los hospitales públicos de la Provincia, de modo que los “ciudadanos de bien” no encuentren cama ni respirador.
Hay que arbitrar todos los medios necesarios para preservar a los grupos de riesgo y tener como objetivo más importante la cuestión sanitaria. Pero de ningún modo esto debe convertirse en una ventana abierta para quienes fueron aprehendidos por delinquir.
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