Comisarías desbordadas

Los detenidos estaban alojados en la comisaría ubicada sobre avenida 12 de octubre 55, en Quilmes Oeste. Los investigadores aún buscan a los últimos dos presos, uno acusado por robo y el otro por robo agravado por el uso de arma, en poblado y en banda.
Desde hace décadas es un problema en la Provincia la falta de instituciones adecuadas para alojar detenidos que todavía no tienen condena. Durante la gestión de Daniel Scioli se crearon cuatro alcaidías, un interesante modelo para este tipo de detenciones. Pero no fueron suficientes para dejar de utilizar a las comisarías para alojar a quienes están siendo investigados por la Justicia y aguardan una decisión.
Durante el actual gobierno de María Eugenia Vidal tampoco se avanzó en este sentido. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al 31 de enero de 2019, había 3191 personas encerradas en comisarías. De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden judicial de clausura (porque no están en condiciones), pero hay personas que igual viven en esos lugares. Se trata del 34% de estas dependencias, algunas clausuradas por la Justicia y otras inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad. Las condiciones, luego de diecisiete muertes en los últimos dos años, siguen siendo críticas: hay hacinamiento y graves problemas edilicios.
Existe una verdadera crisis estructural del sistema penitenciario bonaerense con desmedidas tasas de encarcelamiento. Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en enero de este año se encontraban detenidas 48.660 personas en cárceles y comisarías. Esto representa una sobrepoblación del 120%. La tasa de detención es de 280 detenidos cada 100.000 habitantes. En las dependencias policiales hay 3.191 personas y el cupo reconocido por el Estado es de 1.007: hablamos de una sobrepoblación del 217%; 2 de cada 3 personas duermen en el piso.
La Comisión –a partir de un pedido de la Comisión por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS– amplió las medidas cautelares que existían sobre seis comisarías y extendió la protección hacia 15. En la resolución, la CIDH señaló el riesgo a la integridad física de las personas detenidas en esos lugares. Son espacios inapropiados para la permanencia prolongada. Por información aportada por el mismo Estado no se puede comprobar que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido.
Desde el Ejecutivo provincial, desde hace varios años y a pesar de tener un trágico récord de muertos en comisarías y reconocer altos niveles de sobrepoblación, se sostiene como principal medida de seguridad el aumento del encarcelamiento. El punto no es no encarcelar a quién debe estar separado de la sociedad porque resulta peligroso, sino también contar con el lugar adecuado para su permanencia hasta que reciba su condena.
En 2018, murieron diez personas en el incendio en una comisaría de Esteban Echeverría, que se sumaron a otras siete personas muertas en circunstancias similares en la comisaría 1ª de Pergamino. Ahora, se fugaron once presos de la comisaría de Quilmes en circunstancias confusas y con posible connivencia policial. Las comisarías no están preparadas para la estancia prolongada ni tienen las medidas de seguridad ni el personal de un penal.
Es necesaria una urgente y responsable intervención del Estado que debe asegurar  condiciones dignas a las personas detenidas y a la vez, proteger a la sociedad en su conjunto del accionar delictivo ¿Cómo se logra? Con presupuesto destinado a la construcción de penales modernos y espaciosos, con la implementación de programas de inserción social y de capacitación laboral para las personas privadas de la libertad.
Entre las medidas urgentes, que el próximo Gobernador deberá atender, están la reducción de estadías prolongadas y de los índices de hacinamiento, haciendo efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y estableciendo un plan de emergencia penitenciaria.