Así lo establece la Resolución 987/2021 del Ministerio de Salud publicada este sábado en el Boletín Oficial, con la firma de la titular del área, Carla Vizzotti. De esta forma, las prepagas deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales en un 4,5% a partir del 1 de abril en relación con los valores vigentes al 1 de marzo de 2021 y en un 5,5% adicional a partir del 1 de mayo próximo.
El primer tramo del aumento comenzará a regir a partir de los 30 días de publicado el boletín oficial, para permitir que las prepagas informen a los usuarios de dicho incremento con antelación. La misma deberá ser incorporada en la factura y carta informativa.
Según explicaron las empresas de medicina prepaga el aumento es para compensar el acuerdo paritario (la cláusula de revisión) con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y otros gremios de la salud que se aprobó en la noche del jueves. Los trabajadores del sector recibirán un aumento retroactivo al 1° de abril de entre el 15% y el 16%, de acuerdo con el convenio, con lo cual completarán un 36,1% anual.
Asimismo, el Gobierno señaló que la Superintendencia de Servicios de Salud es la encargada de fiscalizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales de las Entidades de Medicina Prepaga” y garantizar los aumentos cuando se funden en variaciones en la estructura de costos, como los provocados por la pandemia mundial desde principios de 2020.
La nueva suba complementa la última que se había autorizado hasta el momento, que fue del 3,5% y comenzó a aplicarse a partir de la cuota correspondiente al mes pasado. En diciembre, el Poder Ejecutivo había autorizado un incremento del 7% que nunca se llegó a implementar debido a que fue cancelado por el presidente Alberto Fernández. Por entonces, las empresas reclamaban un 10% de aumento.
De acuerdo al dato brindado por el Ministerio de Salud, en la Argentina unos cuatro millones de argentinos se atienden en empresas de medicina privada, de los cuales apenas un millón lo hacen como afiliados directos y el resto como «corporativos», es decir que sus empleadores cubren una parte de la cuota como beneficio y el resto lo aporta el trabajador una vez desregulado su pago originalmente destinado a una obra social.
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