Crece la toma ilegal de tierras en todo el país

En el caso de Villa Mascardi, los vecinos se organizaron para manifestarse pidiendo al Estado que proteja sus propiedades. Y el Estado nacional los denunció penalmente. Un sinsentido. Fue la propia ministra de Seguridad Sabina Frederic quien expresó este enfoque.
Aunque los conflictos sobre la posesión de tierras en el sur no son nuevos, ahora hay una banda de delincuentes que, armados, incendian y toman viviendas, algo que es relatado por sus propios dueños. La respuesta del Estado es siempre extrema y hasta ahora, nunca sensata y ajustada a derecho. O fue la represión efectuada por Gendarmería durante el Gobierno anterior, o es la victimización de los usurpadores, que para la gestión actual expresan un conflicto social.
Puede haber tradiciones y reclamos de “pueblos originarios”, pero de ninguna manera se deben violar las normas legales vigentes en nuestra sociedad y mucho menos reclamar tierras a través de la fuerza, cuando ya tienen otros dueños. Es la barbarie que describió Sarmiento en su obra Facundo. En el siglo XXI es inadmisible que un Gobierno democrático apañe estas prácticas.
En la Provincia de Buenos Aires las usurpaciones no se hacen en nombre de pueblos originarios y sin embargo, también la política parece encontrar en el argumento de la necesidad y el conflicto social la forma de no intervenir y descuidar a los propietarios víctimas de estas ocupaciones. Los intendentes reclaman al Gobernador por su inacción y como respuesta, Axel Kicillof señala que «hay que ver cada caso en particular, y hacerlo de una manera ordenada, pero tiene que haber una respuesta del Estado, eso es lo que estamos tratando de articular rápidamente». Una respuesta para los usurpadores. Y para los propietarios ¿cuál es la respuesta? El Gobernador cree que esto requiere de la implementación de programas, “sean lotes con servicio y mejoramiento urbano». Nada más lejos. El mensaje debe ser claro: ocupar una propiedad de otro es un delito y debe ser penado por la ley.
Desde los medios, Sergio Berni se diferenció de su par nacional – y de su Gobernador- y definió la toma de tierras como un delito. Pero los jefes comunales necesitan que eso se traduzca en apoyo político y logístico.
Son los intendentes los que enfrentan el problema en cada uno de sus distritos y hoy lo hacen solos, como es el caso de La Plata donde Julio Garro, a través de la justicia y las fuerzas de seguridad, desactivó esta semana dos tomas ilegales, lo que resultó en siete detenciones. Detrás de estas usurpaciones hay negocios, ventas ilegales, papeles apócrifos, gente que lucra con la necesidad de viviendas de otros.
El fiscal Marcelo Romero, del Ministerio Público bonaerense, lo definió así: “todo individuo o grupo de individuos que se considere con mejor derecho a otro u otros sobre una propiedad deberá concurrir a un juez para que dirima el conflicto. Es simple. El uso de la fuerza para hacer valer los derechos en litigio está penado por la ley. También es simple”.