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La toma de tierras es siempre un delito | lapalabradeberazategui.com.ar

Las usurpaciones en el país, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, preocupan y ocupan a los intendentes y vecinos. El problema involucra negocios ilegales de gente que comercializa tierras que no le pertenecen, agrupaciones que representan a familias sin vivienda y propietarios de las tierras que reclaman lo suyo.
Tanto desde la comunidad como desde los gobiernos municipales, se le reclama a la Justicia que intervenga. En el caso de Guernica, la toma más grande en dimensión de estos últimos meses, un Juez ordenó un desalojo que no se pudo llevar a cabo todavía, porque desde el Estado no encuentran la solución habitacional para estas 10 mil personas que hoy ocupan con carpas y casillas precarias, un predio de 100 hectáreas, de las que 91 pertenecen a un emprendedor inmobiliario que proyecta desarrollar allí un barrio privado.
El Gobierno bonaerense recibió la propuesta del Movimiento Evita, que tiene representantes (hoy funcionarios) en el Gobierno nacional, de comprar tierras para venderlas subsidiadas a estas familias y así relocalizarlas. Esta versión luego fue desmentida por fuentes oficiales, pero el sólo hecho de considerar esta solución es una gravísima señal para la sociedad en su conjunto, en un país donde la propiedad privada es privada y en el que para adquirir la tierra, hay que comprarla o heredarla.
Esta regla constitucional de los países democráticos y capitalistas como el nuestro, no puede tener excepciones para emparchar problemas coyunturales. La respuesta a una usurpación ilegal no debe ser el acceso a un terreno con facilidades y subsidios.

Necesitamos políticas de estado para resolver el acceso a la vivienda, créditos hipotecarios como el Procrear, un Plan Federal de Viviendas, donde efectivamente sea el Estado el que subsidia la vivienda pero no como una respuesta ante una usurpación -lo que resulta inadmisible- sino como una política pública accesible para todos.
De ninguna manera se pretende que la sociedad y el Estado se desentiendan de la situación de estas 2500 familias, que producto de la crisis hoy no tienen donde vivir. Y de muchas otras, en otros predios afectados por esta problemática. No se trata de criminalizar la pobreza. Las soluciones deben contemplar el derecho a la vivienda digna, pero también del respeto a la propiedad privada y a las decisiones de la Justicia.

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