Jueces y abogados expresaron enérgicamente su oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para transferir la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de tres años. La iniciativa, conocida como la «Ley Ómnibus», enfrenta críticas contundentes al argumentar que reduciría la independencia del fuero nacional, subordinándolo al ámbito porteño. El proyecto también implica el traspaso de procesos sucesorios y divorcios de la órbita judicial a una sede administrativa.
Organismos representativos del ámbito jurídico, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entre otros, han expresado su rechazo al proyecto.
La Celeste, uno de los gremios judiciales, emitió un comunicado señalando que «la visión del traspaso contiene un enfoque ciertamente equivocado sobre la autonomía de la Ciudad, pues la confunde con su soberanía y equipara a la ciudad de Buenos Aires con una provincia». Destacaron que los tribunales nacionales no son equivalentes a los tribunales provinciales, y la Ciudad no posee esa naturaleza.
Por su parte, la Bordó expresó preocupación por la posibilidad de que «de prosperar esa iniciativa, a los eventuales magistrados porteños que deban resolver cuestiones de trascendencia institucional, se les podrá iniciar un proceso para su remoción con la simple mayoría de los votos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y no por los dos tercios que exige el régimen nacional».
El proyecto de ley ómnibus instruye al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar los actos y acuerdos necesarios para la efectivización del traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años. A pesar de la discusión jurídica en curso, los organismos profesionales mantienen su posición histórica de rechazo al proyecto.
Hacé tu comentario