El sindicato afirmó que el proyecto de ley anunciado por el presidente Alberto Fernández empeorará las condiciones jubilatorias de todos los empleados judiciales, porque, según aseguró el gremio, el proyecto «reducirá 22 puntos el haber jubilatorio».
“El proyecto, aunque se lo plantea como antielitista, es más elitista porque se sacan categorías que significan la culminación de la carrera administrativa de los judiciales. Hay miles de empleados judiciales que aspiran a llegar a esos cargos para tener una jubilación digna. Y con esta reforma quedan afuera”, afirmó Piumato
Asimismo, rechaza que la decisión del Ejecutivo porque «fue inconsulta y unilateral» y no se tendría en cuenta el aporte diferencial de los judiciales respecto al trabajo desempeñado en el puesto.
También, Piumato dijo que su gremio tiene una propuesta de cambio en el régimen jubilatorio de la actividad que aumenta la edad a 65 años, pero mantiene a los empleados con un horizonte de retiro con el 82% móvil, y que incrementa, pero en menor grado del proyecto oficial el aporte para el sistema.
Por otro lado, se sumaron a la protesta la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial indicando a través de un comunicado que «la jubilación que perciben no es un privilegio». “Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestos a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la organización.
Y agregaron sobre la medida que provocaría “graves efectos para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.
Según lo trascendido desde el gobierno, estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067. Y apuntó que a pesar de que representan un 3 % del total de los jubilados «el Estado gasta en estos regímenes especiales más de $25 mil millones anuales».
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