Crece la usurpación de tierras en medio de la crisis

En la mayoría de los casos son los intendentes los que lideran la pelea ante las tomas ilegales, radicando denuncias en la Justicia y solicitando a las fuerzas de seguridad el desalojo de los usurpadores. Los vecinos linderos son los primeros en alzar la voz, muchas veces impotentes ante la aparición de los ocupantes.
En un contexto de creciente crisis económica, déficit habitacional y falta de trabajo, hay delincuentes que organizan ventas ilegales de terrenos y hasta realizan ofertas a través de redes sociales. Comercializan lo que no tienen y se aprovechan de la necesidad de familias vulnerables.
Un relevamiento del periodista Andrés Klipphan, publicado en Infobae, da cuenta de 25 intentos de usurpación en distintos municipios de la Provincia sólo en la última semana, que fueron evitados por la Justicia, que intervino y realizó el desalojo. Fue en predios privados o estatales ubicados en Berazategui, La Matanza, San Martín, La Plata, José C. Paz, Florencio Varela, Merlo y Mercedes, entre otros distritos. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma y enfrentamientos en muchos casos.
¿Es posible vincular este modus operandi con el aumento de la pobreza? ¿se necesitan leyes más duras para castigar a los usurpadores? ¿es un problema de seguridad? Una legisladora provincial propone endurecer las penas. Algunos fiscales y jueces reclaman modificar el protocolo 707/19 de la Suprema Corte bonaerense, que los obliga a resolver la situación habitacional de mujeres y niños tras la orden de desalojo. Eso complica las cosas, aseguran. Para el ministro de Seguridad Sergio Berni, es un problema delictivo. Los intendentes lo ven distinto. Conocen la relación entre la situación social, que se agrava, y estas prácticas, que están movilizadas por la necesidad de personas en situación de calle o falta de vivienda.
Ante un fenómeno que parece crecer, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben tomar cartas en el asunto y buscar una solución. La intervención de las fuerzas de seguridad debería ser la última opción, no la primera. Es necesario que la política y la justicia lleguen antes para desarmar estas prácticas fraudulentas que históricamente dieron origen a los asentamientos y villas del Gran Buenos Aires.