Algunas advierten que peligra el inicio de clases, otras solicitan mejorar los canales de diálogo y también están las que deben ajustar la oferta académica para afrontar la situación.
Al igual que otros sectores que dependen de la administración pública nacional, las universidades ya comienzan a comunicar sus primeros signos de alerta. El gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses- 25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero-, podrán funcionar, con suerte, hasta abril o mayo, ya que a partir de ese momento ya no estarán en condiciones de cumplir con funciones básicas.
Otro de los problemas es que tampoco hay muchos avances en materia de paritarias para docentes y trabajadores no docentes y, bajo esta premisa, algunas universidades optan por poner en marcha estrategias de recorte de la oferta académica para reducir gastos, mientras que otras, de manera más rotunda, ponen en duda el inicio del ciclo lectivo.
La Universidad de Buenos Aires, a través de su Consejo Superior, expresó su “extrema preocupación”. Así, por intermedio de una declaración, las autoridades difundieron: “Se solicitará al Gobierno Nacional que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”.
La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, va un paso más allá y en los próximos días podría declarar la emergencia económica.
Uno de los nudos más sensibles se vincula con la paritaria y el objetivo que tienen las casas de estudio de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. En principio se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero y fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector.
Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron. Y completaron: «Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación».
Hay que tener en cuenta que, de no modificarse la situación presupuestaria, difícilmente las universidades puedan seguir con sus funciones de educación, investigación y extensión. Más allá de las diversas manifestaciones de preocupación ante un presente penoso y un porvenir aún más oscuro, hay algunas instituciones que ya se han visto obligadas a adoptar medidas. La UNQ hace unos días comunicó a sus estudiantes: “que el Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024. Esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, una parte de la oferta académica de grado y pregrado se adecuará a las posibilidades presupuestarias actuales. Ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”.
Como resultado, en los próximos períodos de inscripción a materias se establecen nuevos topes: en la modalidad presencial, por caso, los alumnos podrán anotarse en dos materias y se habilitará la inscripción a una tercera en una fecha prevista de manera específica. Desde la UNQUI advierten: “Lamentamos tener que adoptar estas medidas, y exhortamos, una vez más, a las autoridades nacionales a revertir estas decisiones en el menor tiempo posible”.
El presupuesto universitario tiene dos grandes rubros: lo que se usa para pagar salarios, que en las distintas universidades equivale a entre un 65% (cuando tienen una economía ordenada) y un 90% del total –detalla el virólogo Mario Lozano, ex rector de la UNQUI– lo que queda por fuera de los salarios y está estipulado en el proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional, es para funcionamiento. Eso incluye todo lo que hay que abonar, desde alquiler, equipamiento, laboratorios, computadoras o muebles, hasta becas, contratos, servicios. Esa parte en general es la que más sufre cuando hay ajustes”.
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