Con una tarifa que siguió aumentando hasta el inicio de la pandemia, el servicio no mejora y los entes reguladores tampoco resuelven los reclamos.
Esta vez fue la política la que levantó la voz para exigir que la empresa Edesur cumpla con las inversiones. Un grupo de diez intendentes del sur del conurbano se unieron para hacer un reclamo público por los reiterados cortes de servicio. Los planes de inversión no se habrían cumplido y, según los alcaldes, sí el giro de $12.600 millones a la casa matriz en Italia.
«Edesur no tiene voluntad de invertir» en un cartel y el hashtag #LaLuzEsUnDerecho fueron los mensajes. Aseguran que la empresa registró ganancias de $4.700 millones en 2018 y de $12.600 millones en 2019 y que esas sumas no se tradujeron en un mejor servicio, sino que se giraron a la casa matriz de Enel en Italia.
El problema es conocido. Firman los contratos de concesión, luego en el país cambian las condiciones de la economía, entonces incumplen lo convenido, argumentan que las ganancias no fueron las estimadas, se llevan el dinero al exterior. Y todo eso se traduce en el servicio que prestan. Claro que los afectados son los usuarios, que pagan sus facturas, en algunos casos con aumentos que llegaron al 5000 por ciento en los últimos cuatro años, pero no reciben un mejor servicio, sino uno peor. Al cierre de esta edición, por caso, había 80 mil hogares sin luz en el Gran Buenos Aires. Y así a diario.
En mayo de este año, las empresas Edesur y Edenor redujeron a la mitad el ritmo de sus inversiones “debido al congelamiento tarifario” y alertaron por problemas en la prestación. Lo dijeron públicamente al presentar su informe del primer trimestre ante la Bolsa de Valores y la Comisión Nacional de Valores. Se estaban atajando. Sabían lo que iba a suceder en el invierno.
Cuando llegaron los cortes, los intendentes comenzaron a recibir esta demanda de la comunidad y hasta certificaron por escribano público el incumplimiento del cronograma de obras. Lo que debería ser un círculo de colaboración para encontrar entre todos una solución, termina entre un enfrentamiento de los intendentes con la empresa.
Por su parte, el Ente Regulador ENRE aplicó multas millonarias a Edesur y el próximo paso es la intimación a cumplir con las obras pendientes. Las tarifas congeladas son el principal argumento de la prestataria para no iniciar las mismas. En la Casa Rosada evalúan revocar la concesión si no hay inversión. El Defensor del Pueblo de la Provincia también pidió que se «revoque la concesión» a la compañía.
En el medio de lo que parece ser una puja económica y política están los usuarios. Hablamos de 2 millones y medio de hogares en la zona sur.
Hacé tu comentario