En la provincia de Buenos Aires, sólo la mitad de los comercios tiene a disposición productos del programa Precios Cuidados, una iniciativa del gobierno nacional que busca paliar el efecto inflacionario y su impacto sobre los que menos tienen.
La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió esta semana que el programa Precios Esenciales, a dos meses de su implementación, funciona con dificultades en la provincia de Buenos Aires, al detectar el incumplimiento en casi la mitad de los comercios relevados.
El titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, afirmó que si se tienen en cuenta las variables de precio, stock y reposición, visibilidad e Identificación, se observa que el programa se cumple en apenas en el 57% de los locales analizados, mucho menos que el 80% que informó la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Este programa requiere dos cosas fundamentales: la buena voluntad del comerciante y el control ciudadano y del Estado. La Defensoría relevó híper y supermercados en las ciudades donde ese organismo tiene delegaciones y verificó la presencia de los 64 productos de la canasta básica que mantendrán su precio congelado durante seis meses.
Entre los principales problemas que se detectaron, informó la Defensoría, están la inadecuada reposición de productos y la falta de stock. También se registró que en el 39,6% de los comercios relevados hay falta de señalización de los productos, es decir la identificación y visibilidad de la mercadería.
Para ese organismo, el programa funciona «con dificultades». Es evidente que existe una falta de control por parte del gobierno nacional para que los empresarios cumplan con este Y quizá no una falta de compromiso ciudadano, sino un síntoma de resignación en el consumidor, que descree de los anuncios y que cuando va a al supermercado y no encuentra lo que le prometieron, sólo confirma la falta de veracidad del discurso oficial.
El informe que difundió la dependencia a cargo Lorenzino, pone sobre el tapete la falta de eficacia de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, cuya función primordial es “el fortalecimiento de los derechos de los consumidores y la seguridad de los productos comercializados”. Es autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. E “implementa políticas que promueven la transparencia y la competencia de los mercados, simplifican el comercio, y facilitan a los consumidores el acceso a información sobre bienes y servicios”.
En un escenario de crisis, donde se busca incentivar el consumo de los sectores más vulnerables, es vital que cumpla con su función.
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