Se debe tratar la Emergencia Alimentaria  

Las organizaciones sociales ganaron la calle para reclamarla y fue la iglesia Católica la que hizo el primer llamado al Gobierno en este sentido. Aunque desde el oficialismo intentaron no entrar en el debate puntual de la posible emergencia, un proyecto de ley de diputados de la oposición obligó al Ejecutivo a habilitar el tratamiento esta semana en el Congreso. La CGT también considera urgente esta declaración.
Los comedores comunitarios cumplen un rol fundamental en muchos barrios del país y reclaman un incremento en los fondos que reciben, conocidos como planes alimentarios. Son liderados por las organizaciones Polo Obrero y Barrios de Pié, alineada con LIbres del Sur. Tras el primer acampe en la Avenida 9 de Julio, esperan una respuesta de la ministra Carolina Stanley. En tanto, en la Provincia María Eugenia Vidal anunció un 10 por ciento de aumento para septiembre y octubre de lo que destina el Estado para comedores escolares, con 33 pesos por chico para el almuerzo. Y 20 pesos para desayuno y merienda en escuelas y jardines con comedor.
Sin embargo, hace falta una respuesta más integral, que debería llegar desde la política. En ese sentido, diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que se debata en el recinto un proyecto de emergencia alimentaria en una sesión especial.
La solicitud lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.
Entre sus puntos básicos, el proyecto incluye el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.
«Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional», sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.
El artículo 3° agrega que «el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación».
Para sostener en el artículo 4°: «Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Lo que se está pidiendo desde distintos sectores de la sociedad es que el Estado nacional disponga las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas para abordar de manera efectiva la emergencia alimentaria y nutricional, sin reducir servicios sociales.
Comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad del país.
Es innegable que el actual crecimiento de la pobreza y la indigencia, de la desocupación y de la subocupación, y el aumento de la canasta básica, impactan en el acceso a la alimentación y a la nutrición de millones de argentinos. Un tema que debe debatirse y enfrentarse con la seriedad que merece, sin llevarlo al terreno de disputa electoral.