El jueves de la semana pasada, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto fue impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán (GEN), y establece que los estudiantes no podrán utilizar dispositivos durante el tiempo de clases en establecimientos públicos o privados, salvo que su uso sea solicitado por docentes con fines pedagógicos.
La norma fue sancionada en Diputados tras recibir media sanción del Senado y ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial en un plazo de 180 días. Según se especula, la aplicación obligatoria llegaría recién en 2026.
Los legisladores que defendieron la iniciativa señalaron que el 54% de los estudiantes reconoce distraerse por el uso de celulares y otros dispositivos, lo que impacta directamente en la atención, la concentración y la adquisición de conocimientos.
El debate, a su vez, surge también por los resultados de las últimas pruebas Aprender que revelaron que el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Padres y docentes advierten que la exposición constante a pantallas fragmenta la atención y afecta la dinámica en el aula.
Medidas similares ya se implementaron en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde agosto pasado el Ministerio de Educación porteño limitó el uso de celulares durante las clases. En el distrito, autoridades escolares reportaron mejoras en la atención en clase y en la interacción social de los alumnos durante los recreos.
Cabe destacar que en el plano internacional, países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China también cuentan con regulaciones que limitan el uso de celulares en el ámbito educativo.
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