Preocupan las limitaciones a la libertad de expresión en Argentina

Un informe de la Fundación LED reveló que en 2020 hubo 141 casos de limitaciones a la libertad de expresión en nuestro país. Se trata de casos por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general vieron restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.
En el informe se detallan en orden cronológico descendente los 180 casos que, a consideración de la Fundación LED, constituyen hechos de censura directa o indirecta, u otras acciones que de alguna manera, restringen o limitan el ejercicio de la libertad de expresión o el acceso a la información a periodistas o ciudadanos. 2021 concluyó con 39 casos más que los reportados en el año 2020. 
Si se mira en retrospectiva hacia 2012, se puede ver un aumento de conflictividad que se verifica año tras año en el ámbito de internet: pedidos de desindexación de contenidos, ataques directos o hackeos a medios digitales, monitoreos de opinión ciudadana en redes sociales e iniciativas parlamentarias para regular contenidos en internet.
La pandemia de Covid-19 no fue solo un fenómeno epidemiológico, sino también un factor disruptivo en las relaciones sociales, culturales y económicas, con impacto en la salud física y psicológica de las personas, cuyo alcance todavía es imposible de calcular, señala el informe.
La comunicación social experimentó un cambio trascendental en la vida cotidiana sobre todo en los inicios de la pandemia. Los medios y plataformas digitales nunca habían tenido un rol tan relevante en la articulación de las relaciones humanas, difundiendo la evolución de la crisis, las políticas sanitarias adoptadas, las medidas de prevención y las instrucciones para organizar a la sociedad, fomentando estrategias compartidas por la comunidad internacional, intercambiando experiencias y acelerando la cooperación científica en busca de una vacuna.
En Argentina en particular, el ciberpatrullaje implementado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y la creación de distintos organismos estatales destinados a regular contenidos en redes sociales, a través “observatorios de medios”, se constituyeron en los aspectos más negativos dejados por el año de la pandemia sobre las libertades individuales. La creación de NODIO, un observatorio estatal en el ámbito de la defensoría del público, seguido por la implementación de un observatorio municipal en la Ciudad de Rosario para el seguimiento de contenidos digitales y una ley provincial que dio luz al observatorio de medios en la provincia de Santa Cruz, los cuales son claros ejemplos de los intentos de regular contenidos de internet y monitorear la opinión ciudadana.
Sin duda este proceso de avance de distintos tipos de control sobre los contenidos es advertido por la sociedad en su conjunto. Es necesario y urgente preservar la libertad de opinión y el libre ejercicio del periodismo, dos de los pilares del sistema democrático.