Esta semana el gobernador Axel Kicillof habló sobre los countries que no están registrados formalmente y sobre la regularización de esa situación: “la mayoría de los barrios privados no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”, afirmó.
El mensaje fue leído por sectores de la oposición y medios críticos del Gobierno como una justificación de la toma de tierras por parte de familias humildes en distintos puntos de la provincia, en la línea de no sólo “ver la paja en el ojo ajeno”. Quizá haya algo de eso, pero también es cierto que desde hace años los desarrolladores inmobiliarios comercializan lotes y construyen viviendas sin contar con la factibilidad correspondiente, que en la Provincia es un trámite largo y engorroso que puede llevar mucho tiempo. Tampoco tienen claro cuándo la urbanización la autoriza el municipio y cuándo el Estado provincial.
En el mientras tanto, los proyectos siguen avanzando porque efectivamente existe una demanda de la clase media argentina que prefiere vivir alejada de la gran ciudad, rodeada de naturaleza y lejos de los peligros de la inseguridad. Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten cada vez más actividades laborales a distancia, lo que propicia también este estilo de vida.
El Gobernador tuvo que aclarar sus dichos y la polémica tomó el camino de la evasión impositiva: “Un 25% de los countries no está registrado formalmente y no paga impuestos”, dijo el titular de ARBA, Cristian Girard, quien salió a aclarar los dichos de Kicillof. Dijo que hay 871 barrios cerrados y que 230 están en falta. Esto le significa una pérdida de 1.500 millones de pesos al año al fisco bonaerense.
Los barrios cerrados generan trabajo y actividad económica para muchas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que los municipios los dejan ser, a pesar de las trabas burocráticas.
¿Qué se esperaría del Estado ante este fenómeno? Que lo acompañe de la mejor manera posible, que agilice los trámites de factibilidad, que cuide el ambiente y los humedales, y que Provincia y Municipio coordinen criterios basados en una planificación urbana inteligente. El Plan de Tierras y Viviendas anunciado por Kicillof para descomprimir la toma de tierras de Guernica es una buena oportunidad para encarar una política de estado integral en este sentido.
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