Sin embargo, la construcción tiene un papel central en toda reactivación económica y lo ha tenido a lo largo de la historia del siglo XX. En los momentos más dramáticos de la economía mundial, se implementaron planes específicos como el Plan Marshall o el New Deal, que respondieron a la crisis del 30 y a la posguerra. Todas requirieron un trabajo conjunto del sector privado y el Estado.
Mientras el campo no se decide a exportar la soja, el maíz y el trigo en volúmenes que traerían el alivio esperado a la balanza comercial nacional, desde el Gobierno de Alberto Fernández se ponen fichas en la construcción, como un verdadero salvavidas durante y después de la pandemia.
En un contexto de recesión, profundizada por la crisis del Covid-19, las noticias alentadoras de vacunas eficaces y la baja de los casos diarios, comienzan a recuperarse algunas actividades. La obra privada es una de ellas, con un crecimiento en la venta de insumos centrado en las refacciones, que ya supera el 4 por ciento mensual desde septiembre. Y sigue en aumento.
El precio del dólar paralelo y las restricciones del Banco Central para inversores y ahorristas posibilitaron que la inversión vaya hacia la obra privada, lo que reactiva numerosas actividades, generando movimiento en industrias de todo tipo.
Los presupuestos del Estado Nacional y el que ahora tratará la Legislatura en la Provincia de Buenos Aires acompañan este espíritu, destinando fondos extraordinarios para la obra pública. En el caso de la Nación, será el 10 por ciento del total, para financiar un ambicioso Plan de infraestructura que contempla caminos, viviendas, conexiones para agua potable y cloacas, entre otras.
El Gobierno ve allí una oportunidad de aliviar el bolsillo de los argentinos: la producción de cemento, acero, ladrillo, aluminio, cables, madera, vidrios y muebles genera trabajo. Además, no hay que importarlos. En la Provincia se trabaja en la misma dirección.
El desafío para quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar es doble: que el reparto de los fondos destinados a obras sea equitativo y no se utilice con fines electorales, y que las obras se liciten con transparencia y se realicen.
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