El anuncio se realizó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, detalló la composición de las transferencias hacia las provincias.
El Gobierno nacional informó que la transferencia de recursos desde la Nación hacia las jurisdicciones en materia de discapacidad supera los $3,4 billones. El dato fue presentado como primer punto de la agenda durante un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reunió a las máximas autoridades sanitarias del país bajo la conducción del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Quien expuso la cifra fue el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, designado en el cargo a través del Decreto 83/2026 y con antecedentes como interventor de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.
Cómo se compone la inversión
Según el detalle oficial, el monto total se divide en dos grandes rubros:
- $3,2 billones correspondientes al pago de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL).
- $192.485 millones destinados a prestaciones del Programa Incluir Salud y a las prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).
Desde la cartera sanitaria remarcaron que esta inversión en prestaciones de discapacidad se suma al presupuesto ya destinado a la compra de medicamentos de alto precio y oncológicos.
Otros temas abordados en el COFESA
Durante el encuentro, que se realiza mensualmente, las autoridades nacionales y jurisdiccionales dieron seguimiento a las políticas en curso y avanzaron en la planificación de próximas estrategias. Entre los puntos tratados se incluyeron:
- Programa Incluir Salud: se discutieron mejoras para su funcionamiento y se acordó con las jurisdicciones organizar un encuentro federal específico para coordinar acciones conjuntas en materia de discapacidad.
- Monitoreo de vacunación: el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, presentó un nuevo Mapa de coberturas y distribución de vacunas, de acceso público, que permitirá consultar la cantidad de dosis aplicadas y el porcentaje de cobertura a nivel nacional y jurisdiccional. Según se informó, el seguimiento de estas estrategias implicó una inversión superior a los $244 millones para la compra de vacunas en 2026.
- Enfermedades transmitidas por vectores: se pusieron en valor las acciones de prevención implementadas en el marco de las políticas sanitarias nacionales.
- Vigilancia epidemiológica: se actualizó la información sobre eventos de notificación obligatoria y se incorporaron el accidente cerebrovascular (ACV) y otras patologías al sistema de reporte.
- Estadísticas vitales: se compartieron los avances en la elaboración del Informe de Estadísticas Vitales 2025.
El anuncio se da en el marco de la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N.° 27.793), impulsada por el Poder Ejecutivo tras un fallo judicial que ordenó su plena implementación.
La norma establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas y le exige al Estado definir criterios operativo-administrativos para garantizar derechos y servicios a las personas con discapacidad.
Entre los objetivos que la Secretaría Nacional de Discapacidad se propuso en este nuevo esquema figuran el fortalecimiento de las auditorías y los criterios de elegibilidad para asegurar la correcta asignación de beneficios, y la coordinación con otras áreas del Estado y con el Consejo Federal de Discapacidad para una implementación federal y eficaz de la política pública.
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