La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de impedir el ingreso de inspectores enviados por la Nación a las escuelas durante el paro docente del lunes abrió un nuevo foco de tensión entre las administraciones de Axel Kicillof y Javier Milei. La medida fue adoptada luego de que el Ministerio de Capital Humano anunció operativos para verificar el cumplimiento de la cobertura mínima de personal en los establecimientos educativos durante la jornada de protesta convocada por la CTERA.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se instruyó a los equipos directivos para que no brindaran información ni permitieran la intervención de inspectores nacionales, al considerar que el sistema educativo provincial es competencia exclusiva de la Provincia y que la Nación no posee facultades para fiscalizar establecimientos bajo jurisdicción bonaerense. Según el argumento oficial, cualquier control de esas características vulneraría el reparto de competencias previsto por la Constitución Nacional.
La decisión respondió al anuncio realizado previamente por el Ministerio de Capital Humano, que había informado que realizaría inspecciones en escuelas de todo el país para comprobar el cumplimiento de la denominada «cobertura mínima», fijada en un 75% del personal docente, directivo y auxiliar necesario para garantizar el dictado de clases. La cartera nacional sostuvo que el operativo se enmarcaba en las facultades de la Secretaría de Trabajo para controlar el cumplimiento de la normativa vigente durante conflictos laborales.
Mientras tanto, el paro docente tuvo una fuerte repercusión en territorio bonaerense. Recorridas periodísticas realizadas en distintos establecimientos de La Plata reflejaron niveles de adhesión elevados, con escuelas donde el acatamiento alcanzó entre el 90% y el 98%, e incluso casos de adhesión total. Sin embargo, el Gobierno provincial evitó difundir cifras oficiales sobre el alcance de la medida de fuerza.
El conflicto se produce en un contexto de tensión permanente entre ambas administraciones en materia educativa y laboral. Aunque semanas atrás el Gobierno bonaerense alcanzó un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes, las negociaciones posteriores y los reclamos por la pérdida del poder adquisitivo derivaron en nuevas medidas de fuerza impulsadas por distintos sectores sindicales.
La controversia también reavivó el debate sobre los límites de las competencias entre Nación y provincias en materia educativa. Mientras el Gobierno nacional sostiene que debe garantizar el cumplimiento de las prestaciones mínimas durante los conflictos, la Provincia insiste en que la administración y supervisión de las escuelas públicas corresponde exclusivamente a las jurisdicciones provinciales.
El episodio profundizó el enfrentamiento político entre ambas gestiones y anticipa nuevos capítulos en la disputa por el control de la política educativa, en un escenario donde el conflicto salarial docente y la discusión sobre las atribuciones de cada nivel del Estado continúan ocupando un lugar central en la agenda pública.
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