Es que sólo este último fin de semana, Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell en la costa, y varias ciudades del conurbano fueron punto de encuentro de cientos de jóvenes que, sin cumplir ningún protocolo sanitario, se volcaron a bailar y beber hasta la madrugada, a pesar de las denuncias de sus vecinos.
Hubo controles del municipio y de autoridades provinciales, escasos debido a su capacidad acotada para controlar tamaño desborde. Un desborde que pone en riesgo la situación epidemiológica, que pareció alentadora en las últimas semanas con la baja de casos y muertes por Covid-19.
No es algo nuevo y ocurrió en Europa y en los Estados Unidos durante los meses de verano del hemisferio norte, a donde llegó con fuerza una segunda ola de coronavirus, más intensa que la primera. En Chile esa segunda ola ya está comenzando.
¿Qué ocurre entonces en Argentina, que contando con esa información los dirigentes y las autoridades de control quedan paralizados ante este fenómeno que nos pone en peligro a todos? En la provincia de Buenos Aires, los intendentes son los que deben salir a inspeccionar y sancionar a quienes participan de este tipo de eventos, sin los recursos humanos ni materiales necesarios. Se trata de una situación inédita, en la cual el Estado Nacional y el Provincial parecen ausentes e incapaces de entablar un diálogo con los jóvenes, el sector de la sociedad con menor riesgo de muerte, pero con la mayor responsabilidad social debido a su alta circulación.
Todavía estamos a tiempo de actuar con campañas de comunicación que informen sobre el riesgo y que conscienticen sobre la responsabilidad de los jóvenes para con la población de riesgo. Si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser irreparables, como lo son las 40 mil muertes ya ocurridas en Argentina desde el inicio de la pandemia.
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