La decisión de los jefes comunales si bien afectó a los consumidores, la medida se justificó con que ese dinero les permite a los municipios hacer frente a la caída de la recaudación que sufren por la recesión y el ajuste del gobierno de Javier Milei.
Es que las tasas producen ingresos significativos en varias de las arcas locales. Los municipios la aplican desde hace años, y algunos decidieron avanzar por este sendero en los últimos meses, ante el cierre de la canilla de aportes de Nación. Esto hizo que se generen nuevos impuestos, como la tasa vial, en este caso.
Además, subyace otra cuestión en la iniciativa, que se trata de la diferencia que existe con el precio de la nafta en el AMBA y en Capital.
Si bien con la última suba de casi 7% en Capital, hay poca diferencia con el precio de la nafta en el AMBA. La diferencia entre la Ciudad y el AMBA en los precios del combustible podía estirarse 15%.
Los precios de los combustibles quedaron casi en paridad entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA) tras el último aumento de la nafta y el gasoil. La diferencia en algunas estaciones de servicio ahora llega hasta el 5-6% en algunos casos, mientras que a mediados de 2023 y 2024 la brecha podía llegar hasta el 15%. Ahora, con el fin de esa diferencia, revive una guerra de las estaciones contra los municipios.
Tal es así que, los estacioneros sostienen que la tasa vial es inconstitucional, porque se trata de una doble imposición: los combustibles ya están gravados de manera nacional por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que son coparticipables. Su actualización por inflación se dilata, pero representa 14% del precio de la nafta.
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