Desde el inicio de la cuarentena, el Gobierno Nacional estableció un decreto en el que prohibió efectuar despidos en el sector privado sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. A pesar de prorrogarse por 60 días la prohibición que establece el Decreto 761/2020, según se anunció en el Boletín Oficial el pasado 24 de septiembre, al momento existen distintas entidades que intentan sobrepasar los límites establecidos desde el Gobierno Nacional.
Según denunciaron empleados de PAMI, la obra social de los jubilados ha llevado a cabo en los últimos siete meses una ola de despidos en todo el país, algunos en los últimos días. El diputado Nacional por la provincia de Chubut, Gustavo Menna, publicó a través de su cuenta de Twitter un documento a través del cual afirma que los despidos llevados a cabo forman parte de un proceso de «discriminación política», ya que muchos de los cesanteados habían sido contratados durante la gestión de Mauricio Macri: “PAMI está enviando cientos de despidos sin causa. Es discriminación política: solo echan a nombrados en la gestión anterior. Dejan a personas sin empleo y cuando están vigentes decretos que prohíben despedir sin causa en el sector privado. El Presidente debe parar estas medidas.”, denunció públicamente el diputado radical.
Por su parte, el legislador de Cambiemos, Esteban Vitor, habló de una “caza de brujas” y de “listas negras” frente a lo que representa la decisión del PAMI. En ese sentido, puntualizó que “se deja en la calle tanto a personal que ingresó en la gestión anterior como a otros con una antigüedad de muchos años, por el sólo hecho de tener una posición partidaria contraria al oficialismo, aún cuando el propio gobierno de Alberto Fernández prohibió los despidos».
Osvaldo Barreñada, secretario general del Gremio de Trabajadores de Pami (UTI), aseguró que “El PAMI es un ente público no estatal y desde marzo han despedido a 186 empleados, en contra del decreto estatal, alegando que son trabajadores de la administración pública”.
El decreto que prohíbe los despidos lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete nacional, y se basa en “la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” determinada por la Ley 27.541.
En diálogo con Periódico La Palabra, empleados de PAMI Berazategui (UGL XXXVII) indicaron que en su caso no se registraron despidos, aunque mostraron su descontento por «gente que entró directamente en planta, traídos por la gestión nueva», y cuyos nombramientos «fueron puramente políticos, sin tener la capacidad para ocupar sus puestos». Además, indicaron que «entró gente contratada con sueldos mucho más altos que los de quienes estamos hace más de cuatro años».
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