A partir del 1 de julio se aplicará la renovada fórmula de indexación de los alquileres que prevé actualizaciones únicamente anuales, por lo tanto, recaerá sobre aquellos contratos que hayan iniciado en julio de 2020.
De esa manera, será la primera vez que los inquilinos acaten este régimen que, según se estima, será de un aumento aproximado del 40 % sobre lo que pagaron durante el primer año de contrato. Es decir, una persona que firmó contrato en julio del 2020 por un importe de $25.000, debería abonar un canon mensual de $35.000.
En diálogo con La Palabra, el vicepresidente del Centro de Martilleros de Berazategui y del Colegio de Martilleros de Quilmes, Darío Casas, explicó: «Esta ley se promulgó el 1 de julio del 2020, entonces, los aumentos que antes se arreglaban entre las partes ahora los establece el gobierno haciendo una composición del 50% del RIPTE, que mide los salarios de la administración pública, y el 50 % del IPC, que es el índice de precios al consumidor».
«La primera actualización la vamos a tener el 1 de julio y tiene una evolución que ronda el 40 %, y difiere 10 puntos de los 30 históricos que veníamos pautando las inmobiliarias. Es decir que los inquilinos van a pagar más», señaló.
Indicó que otra problemática es que «los contratos de vivienda pasaron de dos años a un mínimo de 3, es decir que la incertidumbre que tiene el inquilino de cuánto va a pagar cuando contrata es un índice que va a dar el gobierno en un año, pero nadie sabe de cuánto será; antes sí se sabía porque los aumentos se pactaban anticipadamente».
También el martillero señaló que al prolongar un año más «aumentan los costos de contrato», perjudicando al inquilino; «por ejemplo, el sellado que se pagaba en 24 meses ahora se abonará en 36, es decir un 50 % más. Asimismo, los honorarios de las inmobiliarias se van a pagar por 36 meses, es un 50 % más», marcó.
Además, apuntó que la entrada en vigencia del incremento anual continuará «profundizando la reducción de la oferta de propiedades en alquiler». «Lo que se viene observando es que los propietarios han comenzado a inclinarse por la venta antes que volver a poner en alquiler, lo que está generando un mercado con alta demanda y menor oferta por su retracción, que como es sabido, por la aplicación de la ley de oferta y demanda, redundará en un incremento de precios en los valores locativos».
Como puede inferirse, la nueva ley ha generado un escenario complejo para los inquilinos. «Considero que tiene que haber un cambio, porque esta situación no se puede sostener. Una modificación que se tendría que aplicar de manera urgente es que el plazo mínimo del contrato vuelva a ser de dos años», propuso.
Hacé tu comentario