En un fallo unánime, los doctores Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Fabio Stremel decretaron la pena de 13 años a Daniel Zisuela, acusado de los delitos de «facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores», por los hechos ocurridos entre los años 2013 y 2018 en distintos hoteles, casas y bares de las localidades de Quilmes y Florencio Varela.
A pesar de la condena, las voces discrepantes con el fallo no se hicieron esperar. Dos de las víctimas que brindaron testimonios claves ante el jurado no quedaron satisfechas con la pena establecida, pues exigían que sea de 20 años, como había solicitado previamente la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena. En ese sentido, argumentaban que el hecho de ser delitos «agravados por el aprovechamiento, la vulnerabilidad y las amenazas», justificaría un castigo mayor. En consecuencia, apelarán el fallo.
La fiscal apoyó el reclamo de las demandantes y pidió que se tome en cuenta como agravantes, además de sus cargos políticos, «la pluralidad de las víctimas, la violencia innecesaria al someter a las jóvenes y la extensión del daño que causó el acusado en las víctimas, incluso al día de hoy».
No sólo se juzgaba a Zisuela, sino también a su hermano Martín, por el presunto delito de «facilitación del ejercicio de la prostitución de personas mayores». Sin embargo, Attarian Mena desistió finalmente de estas acusaciones, por lo que Martín Zisuela fue absuelto.
La investigación original se había llevado a cabo por iniciativa del fiscal Daniel Ichazo y la Jefatura Distrital de Berazategui. Luego de tres meses determinaron que Daniel Zisuela utilizaba su cargo de legislador para captar chicas menores y después las obligaba a prostituirse en hoteles de zona sur. Al menos dos de esas chicas lo habían denunciado.
Cabe destacar que el ex concejal por el Frente Renovador en Florencio Varela, ex Secretario General del Sindicato de Gastronómicos (UTHGRA) Quilmes y ex presidente del club Argentino de Quilmes, decidió no asistir al veredicto del jueves pasado amparado en sus derechos de ser notificado en su lugar de detención, ya que esta encarcelado en la Unidad Penitenciaria de Olmos desde diciembre de 2018 mientras se desarrollaba el caso en su contra.
Podría salir en libertad condicional en 2026.
Además, el abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias, Monseñor Enrique Angelelli, y quien acompañó a las denunciantes en todo el proceso, José Luis Calegari, adelantaron que buscarán un segundo juicio vinculado con el de Zisuela, pero esta vez contra los posibles cómplices que fueron mencionados por las demandantes en las audiencias. En la lista figuran funcionarios del gobierno de Varela, candidatos actuales de distintos partidos y militantes de varios espacios políticos.
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