La medida se tomó tras detectar irregularidades en la creación de estas entidades, como la participación de algunos socios fundadores en múltiples cooperativas simultáneamente.
Uno de los casos señalados involucra a Emilce Aguirre, dirigente del Movimiento Evita en Berazategui, quien habría creado 14 cooperativas de trabajo. De estas, al menos cuatro estarían registradas en un local del Movimiento Evita ubicado en Avenida 14 N° 4452, Berazategui, mientras que otras cuatro tienen domicilio en calle 21 N° 2615, esquina calle 126, también vinculado a la organización. Estas cooperativas fueron conformadas con la cantidad mínima de integrantes permitida en ese momento, lo que generó dudas sobre su viabilidad real.
Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que Matías Aguirre, hermano de Emilce, es concejal de Berazategui y fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social cuando la misma era conducida por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita. Esto refuerza los señalamientos sobre la relación entre las cooperativas bajo investigación y dicha organización política.
Entre las principales irregularidades detectadas por el INAES se encuentran:
-Socios fundadores que participaron en la creación de múltiples cooperativas al mismo tiempo.
-Cantidad mínima de integrantes: 158 de las 196 cooperativas se conformaron con tres o cinco integrantes, la cantidad mínima permitida desde 2021. Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando el INAES eliminó la posibilidad de crear cooperativas con tan pocos miembros.
-Dos personas crearon 14 cooperativas cada una.
-Domicilios en sedes de organizaciones políticas: en algunos casos, varias cooperativas compartían la misma dirección, incluso en sedes de organizaciones sociales y políticas.
A raíz de estas irregularidades, el INAES resolvió suspender inmediatamente las 196 cooperativas y abrir sumarios administrativos para determinar la legalidad de cada una. A través de la Resolución 3243/24, se argumentó que las cooperativas de trabajo deben estar destinadas a brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben una contraprestación económica por su fuerza de trabajo, ya que la constitución de múltiples cooperativas con pocos integrantes y con objetos sociales diversos y distantes geográficamente genera dudas sobre su viabilidad real.
Cabe señalar que en los documentos de constitución de cada cooperativa, Emilce Aguirre declaró profesiones diversas como albañil, cocinera, comunicadora, cuidadora, estudiante y trabajadora de mantenimiento.
Además de estas cooperativas, Matías Aguirre también preside la Cooperativa Pacha Limpia, que en mayo de 2024 firmó un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Gabriel Katopodis. En este marco, la cooperativa recibió $149.618.859,09 para realizar tareas de saneamiento y mantenimiento de cursos de agua durante 12 meses. Sin embargo, surgieron denuncias sobre las condiciones precarias de los trabajadores, quienes aseguraban que cobraban $78.000 mensuales, sin seguro de vida ni equipos de seguridad adecuados.
“La situación es desastrosa, no nos dan casi equipamiento y el maltrato está todo el tiempo. Nos hablan mal o os gritan si tardamos en contestar”, señaló un trabajador que prefirió el anonimato para resguardar su integridad física. “Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener el curro”, agregó.
El fallecimiento de Juan Gabriel Cáceres, un trabajador de la cooperativa, puso en evidencia la falta de controles sobre el uso de los recursos y las condiciones laborales. Este incidente generó críticas sobre la gestión de los fondos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados en garantizar su correcta utilización. Es por ello que aún sus familiares y allegados piden justicia por la víctima.
En enero de este año, el INAES ya había suspendido la actividad de 7.873 cooperativas y 417 mutuales por incumplimientos en la presentación de documentación. Según el organismo, el objetivo es preservar la figura del cooperativismo y mutualismo, evitando su desvirtuación o uso con fines ajenos a su propósito social.
El Gobierno actual también avanzó en la suspensión y baja de 33 cooperativas vinculadas a la denominada «Causa Guardapolvos», en la que se investiga un presunto caso de lavado de dinero. En este caso, se determinó que varias de estas entidades no tenían capacidad real para cumplir con los contratos adjudicados por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.
Las investigaciones continúan en curso y se espera que en los próximos meses el INAES determine qué cooperativas podrán regularizar su situación y cuáles serán dadas de baja definitivamente.
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