Para el funcionario judicial quedó acreditado que Miguel Ángel Rojas, Gustavo Damián Villarroel, Omar Alberto Córdoba, Cesar Domingo Silva, Eduardo Daniel Martínez y Luis Daniel Olmedo formaron parte de una «asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la libertad de trabajo y la propiedad». De acuerdo con la investigación, Rojas era el jefe y organizador de una facción de la UOCRA que bloqueaba el ingreso de los trabajadores y forzaba a los dueños de las empresas a reunirse con la finalidad de extorsionarlos.
En Conyser, una pyme familiar que trabaja desde hace 40 años en el rubro de la construcción de edificios y movimientos de suelo con máquinas viales, los imputados se presentaron en dos oportunidades en agosto de 2021 en el ingreso del barrio privado Puerto Nizuc, de Hudson. Allí «ejercieron violencia sobre varios empleados de la empresa para compelerlos a tomar parte en una huelga, no prestar tareas e impedirles el ingreso, así como también a sus dueños, Ubaldo Vidal y Nicolás Vidal», explica un tramo de la causa.
De acuerdo con la investigación, «Rojas intimidó a Ubaldo Vidal y Nicolás Ariel Vidal al decirles que portaba armas de fuego; que había compulsado a la huelga a los empleados de otras empresas; y que dichos conflictos habían terminado en hechos de violencia con armas de fuego; esto para luego obligarlos a poner a disposición de los empleados de la empresa de su propiedad 70 pesos más por hora trabajada, viandas de almuerzo y viáticos por el importe de 300 pesos para cada uno y la designación de un delegado sindical sin que los empleados voten por él, conforme corresponde legalmente, todo ello por fuera del convenio laboral vigente y la supervisión del Ministerio de Trabajo provincial, acciones que efectivamente realizaron, a excepción de la designación del delegado”.
En ese sentido, el fiscal destacó que ninguno de los trabajadores de la empresa que sufrió el bloqueo ilegal “quería participar de la huelga, sino que fue compulsado a hacerlo como parte de la extorsión de Rojas y de todos los imputados”.
Ichazo consideró que “se hallan probados todos los extremos necesarios para la configuración de los delitos que fueron acusados a los imputados, que han intentado durante la investigación valerse de la organización sindical legítima UOCRA para encubrir y deslindarse de su accionar ilícito».
Hacé tu comentario