Según la Corte, el cálculo actual genera pérdidas considerables para los trabajadores debido a la inflación en curso.
Esta decisión generó una gran preocupación entre las empresas, que argumentan que no podrán afrontar los costos adicionales que implicaría esta indexación, volviendo la operación empresarial «insostenible».
Las entidades empresariales, como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), han solicitado a la Cámara Nacional de Apelaciones que reconsidere esta medida, destacando la importancia de encontrar soluciones equilibradas que protejan los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas.
«Debemos buscar, entonces, las soluciones más razonables para que la protección del crédito de un trabajador no ponga en riesgo el mantenimiento de la fuente de empleo. La preservación de las empresas sostenibles es condición necesaria para el trabajo decente y productivo», le explicó UIPBA a la Cámara en el escrito presentado.
El Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), que representa a unas 30.000 pymes, también ha expresado su rechazo a la propuesta de indexación, calificándola como desproporcionada y perjudicial para las pymes, que son responsables del 70% del empleo en el país.
Ante esta situación, las pymes bonaerenses se mantienen expectantes y en constante diálogo con las autoridades para buscar la protección de los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas, crucial para el mantenimiento del empleo y la productividad en la región.
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