La Procuración General de la Nación consideró que el Estado nacional puede impedir que los municipios incluyan tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El dictamen fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una causa iniciada por la Municipalidad de José C. Paz.
La opinión fue emitida el 6 de julio por la procuradora fiscal Laura Monti, quien recomendó rechazar el planteo del municipio contra las resoluciones nacionales que prohíben incluir en las boletas cargos ajenos al servicio contratado por los usuarios.
Según el dictamen, la medida no impide que los municipios cobren sus tasas ni afecta su capacidad para establecer tributos. Lo que limita es la posibilidad de utilizar las facturas de servicios públicos como mecanismo de cobro. En el caso de José C. Paz, el municipio cobraba la tasa de alumbrado público a través de la boleta de electricidad.
La Procuración sostuvo que los municipios pueden seguir cobrando esos tributos por otras vías y que la medida no afecta su autonomía ni su capacidad para establecer tasas. También señaló que existe una competencia federal sobre la facturación del servicio eléctrico.
Además, consideró que las resoluciones buscan proteger a los consumidores y garantizar que las facturas informen de manera clara los costos correspondientes exclusivamente al servicio contratado.
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