Un fiscal federal hizo un pedido para que se eleve a juicio la causa en la que se investiga al presidente y al gerente de la empresa de transporte de caudales y seguridad privada Codecop por la presunta estafa por unos 1.000 millones de pesos y un millón de dólares pertenecientes a una firma de comidas rápidas, un banco privado y una administradora de bingos.
El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien está a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 8. El funcionario judicial le solicitó al juez Carlos Bruniard la apertura del debate oral contra Lucas Daniel Zeballos, de 32 años, como autor y J.E.C.I como partícipe necesario del delito de defraudación por retención indebida. Es que, de acuerdo con lo informado por el sitio institucional del Ministerio Público Fiscal, ambos, presidente y gerente comercial respectivamente de Codecop, se quedaron con dinero que debían “trasladar y/o resguardar” según los contratos de prestación de servicios celebrados con el Banco Galicia, Arcos Dorados Argentina S.A. (McDonald’s) y el Grupo Codere. En ese marco, Zeballos se encuentra detenido desde octubre del año pasado, mientras que J.E.C.I. permanece en libertad.
La investigación judicial comenzó el 9 de julio de 2021, luego de que la empresa Codecop fuera denunciada por el Banco de Galicia en la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, dado que estaba “reteniendo ilegítimamente sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera de la entidad”. Según los abogados querellantes, está demostrado el faltante de $ 371.169.969, US$ 1.235.760 y 42.000 euros. Se trata de un dinero que fue recuperado en su totalidad tras diversos allanamientos en las plantas que la firma de seguridad tiene en Posadas y en Florencio Varela. Por ese hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31 procesó sin prisión preventiva a Zeballos, por entonces presidente de la firma, por “defraudación por retención indebida”.
Posteriormente, la investigación continuó con otra denuncia realizada en octubre por Arcos Dorados, que acusó el faltante de al menos $ 642.769.056, 37.117 euros y 124.469 reales. Además, de acuerdo a la acusación, ambos imputados retuvieron la recaudación de los bingos operados por el grupo Codere, por un monto superior a los $ 130.000.000. A raíz de ello, el magistrado dispuso una serie de allanamientos en nueve domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de diferentes localidades de la Provincia. En ese sentido, personal policial a cargo de los allanamientos estableció que el dinero no se encontraba atesorado en las plantas que opera la transportadora y que en el edificio ubicado en Florencio Varela sólo fueron hallados US$ 1868, 124.119,95 reales, 2951 euros y $ 4.954.000, mientras que en Mar del Plata encontraron $ 618.961. Esa situación llevó a la detención de Zeballos, quien en la indagatoria se negó a declarar sobre la acusación.
“Pese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar y luego entregar al Banco Galicia, a Adasa y al Grupo Codere las millonarias sumas ya detalladas, las cuales se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo así indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas”, afirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto a Zeballos en su requerimiento.
En cuanto al gerente comercial, la fiscalía sostuvo en su acusación que “no sólo no ignoraba los pormenores del desvío del dinero en perjuicio de las empresas damnificadas, sino que además formó parte activa de las mismas, siendo el principal intermediario con ellas, y brindado respuestas evasivas a efectos de ganar tiempo ante los reclamos efectuados”.
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