Liberaron a los tres imputados por la muerte de Nerea Pereira, la niña de 11 años de Berazategui, y ordenaron investigar a la profesional que realizó la primera autopsia. Las decisiones fueron adoptadas en el marco de una causa que todavía busca esclarecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el fallecimiento. Además de resolver la situación procesal de Carlos Ezequiel Pereira, Mónica Villalba y Rocío Aldana Pereira, el juez de Garantías dispuso remitir actuaciones a la fiscalía general departamental para que se analice el desempeño del perito interviniente en el primer examen forense.
El expediente quedó atravesado por las diferencias entre los dos estudios médicos realizados para determinar la causa de la muerte. El informe inicial había atribuido el fallecimiento a un shock hipovolémico, vinculado con una presunta lesión en la aorta torácica. Sin embargo, una segunda autopsia no habría corroborado esa lesión y estableció como causa de muerte una asfixia mecánica por ahorcadura. La contradicción entre ambos resultados se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, debido a que las conclusiones periciales constituyen elementos relevantes para reconstruir lo sucedido.
En ese contexto, la Justicia también dispuso que se investigue a Ludmila Belén Samudio, quien participó del primer procedimiento forense. La medida busca determinar si existen motivos para revisar su intervención, particularmente en relación con la lesión arterial que había sido consignada en el informe inicial y cuya existencia fue cuestionada posteriormente. La remisión de las actuaciones no equivale a una declaración de responsabilidad de la profesional, sino que abre la posibilidad de examinar su actuación dentro de los mecanismos judiciales correspondientes.
Por otra parte, la liberación de los tres imputados representa una modificación en su situación procesal, pero no significa que la causa haya concluido ni que exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad. La investigación deberá continuar para establecer las circunstancias del fallecimiento de la niña, evaluar las pruebas disponibles y determinar si corresponde atribuir responsabilidades penales. En un expediente marcado por conclusiones forenses contrapuestas, el desafío de la Justicia será esclarecer las diferencias entre los estudios y avanzar sobre hechos comprobables, sin anticipar conclusiones que todavía deben surgir del proceso judicial.
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