Sellos médicos, formularios de atención, medicamentos y siete ambulancias forman parte de las pruebas reunidas en una investigación que terminó con 29 personas detenidas. El procedimiento apunta a una presunta estructura que habría comercializado servicios de salud sin respetar los requisitos legales para ejercer la actividad. Florencio Varela aparece como el punto central de la organización, aunque las actuaciones policiales se extendieron a otros municipios bonaerenses y a la Ciudad de Buenos Aires. El caso abre interrogantes sobre los controles de las prestaciones sanitarias y las condiciones en las que habrían sido atendidos los pacientes.
Uno de los aspectos que la Justicia intenta esclarecer es cómo funcionaba el sistema de asistencia que habría montado el grupo. La principal sospecha indica que se ofrecían consultas domiciliarias y traslados a establecimientos médicos mediante vehículos presentados como ambulancias, pese a que su equipamiento sería insuficiente. También se investiga si algunas personas atendían pacientes sin contar con la formación o las habilitaciones correspondientes y si se utilizaban matrículas profesionales ajenas para dar apariencia de legalidad a las prácticas. Según los elementos incorporados a la causa, ciertas intervenciones podrían haber empeorado el estado de salud de quienes recibieron asistencia. Estas circunstancias todavía deben ser comprobadas judicialmente.
La dimensión del presunto circuito quedó expuesta durante los allanamientos efectuados el 14 de octubre en ocho jurisdicciones, entre ellas Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Avellaneda y La Plata. Los investigadores encontraron documentación clínica, planillas de recorridos, tarifas por kilómetro, sellos de profesionales e instituciones sanitarias y papeles relacionados con la firma Serca Omni Salud S.A. También secuestraron 57 celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, instrumental médico y prendas con identificaciones del SAME bonaerense. A ese inventario se sumaron distintos vehículos, autopartes requeridas en una investigación por robo automotor y dinero en efectivo: $5.780.200 y 19.368 dólares. Los elementos serán analizados para determinar su relación con las actividades investigadas.
La pesquisa está a cargo de la UFIJ N.º 1 de Quilmes, dirigida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela, a cargo de Marcelo Villagra. Ahora, el trabajo judicial se concentra en establecer qué función habría cumplido cada uno de los detenidos y si existieron conexiones con empresas prestadoras de servicios médicos. Otra línea busca determinar si se presentaron cobros irregulares ante obras sociales, incluido el PAMI. El análisis de las comunicaciones y los documentos incautados será determinante para reconstruir el funcionamiento de la estructura y establecer el alcance de las presuntas maniobras. Hasta que se acrediten los hechos, las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.
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