El gobernador Axel Kicillof evalúa desplazar a D’Onofrio del cargo antes de fin de año, en medio de crecientes presiones políticas y judiciales.
La primera línea de la investigación apunta a irregularidades en el sistema de fotomultas, especialmente en las rutas 2 y 11, claves en el tránsito turístico hacia la Costa Atlántica. Según fuentes judiciales, las multas serían gestionadas por funcionarios designados políticamente, quienes deciden si se cobran o no, y en qué montos. Paralelamente, una funcionaria judicial que participa del caso señaló que estos gestores con acceso privilegiado a la información de los infractores, contactan a conductores ofreciendo descuentos ilegales de hasta el 50% en las multas. Los pagos, realizados a menudo a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, no se reflejan correctamente en los registros provinciales. En algunos casos, las infracciones aparecen cobradas por montos mínimos o directamente eliminadas.
“Es un negocio monumental donde todos muerden”, explica la funcionaria. Esta red permite que los gestores se queden con una parte importante del dinero mientras limpian el historial de deudas de los automovilistas.
El segundo eje de corrupción apunta al trámite de la VTV, que involucra un esquema de cobro irregular implementado a fines del año pasado. Según la Justicia, D’Onofrio habría otorgado una concesión que permite recaudar un porcentaje de la facturación generada por cada vehículo que realiza la inspección técnica.
El cálculo es alarmante: con un flujo mensual de 25.000 vehículos, el 10% del costo del trámite generaría alrededor de $90 millones mensuales. Este sistema, diseñado para ser un recurso administrativo, se habría transformado en una fuente de ingresos ilegítimos para múltiples actores del entramado.
La investigación ubica a Jorge D’Onofrio como el cerebro político detrás del esquema. El ministro, un dirigente peronista de Pilar, enfrenta acusaciones de orquestar tanto la estructura de las fotomultas como las irregularidades en la VTV. La Justicia busca determinar hasta qué punto sus decisiones y concesiones favorecieron el enriquecimiento ilícito.
El gobernador Axel Kicillof evalúa la posible destitución de D’Onofrio antes de fin de año. Mientras tanto, la Justicia avanza en cercar a los involucrados, apuntando a desarticular un esquema que combina corrupción política, abuso de poder y desvío de fondos públicos.
El caso no solo pone en tela de juicio a altos funcionarios provinciales, sino que también resalta la necesidad de mayor transparencia y control en los sistemas de multas y VTV, los cuales son esenciales para la seguridad vial en la provincia.
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