En un comunicado oficial, la CGT calificó la medida como “peligrosamente irregular” y destacó que permite la circulación de vehículos sin controles ni seguros, conducidos por choferes sin la debida capacitación, lo que pone en riesgo la vida y la seguridad de los usuarios. El gremio se solidarizó con la Federación de Peones de Taxis, criticando la precarización laboral que, según afirman, busca imponer esta desregulación bajo el pretexto de mayor libertad.
Por su parte, la CATT, liderada por Juan Carlos Schmid (FeMPINRA) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), también cuestionó la desregulación. En un contexto de creciente inseguridad vial, los representantes gremiales se basaron en datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que indican que en 2022 hubo 5.544 accidentes de tránsito, con 7.313 heridos y 1.044 muertes. “Estos números son alarmantes y demuestran la necesidad de una regulación y control efectivos del transporte”, subrayaron.
Ambas confederaciones denunciaron que la resolución fomenta servicios irregulares y no autorizados que incumplen normas de seguridad y calidad, violando disposiciones como las de la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449). Los gremios también expresaron su preocupación por la competencia desleal hacia taxistas y el impacto en el transporte de carga terrestre y la actividad aeronáutica.
Entre las medidas exigidas, destacaron:
- Implementación de un sistema de regulación y control efectivo del transporte.
- Aplicación de sanciones severas a servicios irregulares y no autorizados.
- Inversión en infraestructura y tecnología para mejorar la seguridad y eficiencia.
- Protección de empleos y condiciones laborales de los trabajadores del transporte.
- Regulación efectiva de la actividad de taxis y protección de derechos laborales de los trabajadores del sector.
- Fortalecimiento de normas y controles en la seguridad aeronáutica.
- Prevención de sobrecarga y transporte irregular de mercaderías en el transporte de carga terrestre.
En el sector del taxi, los trabajadores expresan que enfrentan competencia desleal debido a la proliferación de servicios irregulares. En el ámbito aeronáutico, los gremios enfatizaron la importancia de garantizar normas estrictas de seguridad, como exige la Ley Nacional de Aviación Civil (Ley 26.322). También alertaron sobre el transporte de carga terrestre, donde la falta de regulación efectiva compromete la seguridad en las carreteras.
Finalmente, las organizaciones gremiales reiteraron su compromiso de luchar contra la precarización laboral y por la protección de los derechos de los trabajadores del transporte, exigiendo al Gobierno una revisión inmediata de la resolución 57/2024 y el establecimiento de un marco regulatorio que garantice la seguridad y el respeto a los derechos laborales y de los usuarios.
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