El monto adeudado por el Poder Ejecutivo ascendería de acuerdo a la entidad a más de $5.400 millones. «A esto se suma que el beneficio caducó en diciembre pasado y no se prorrogó, mientras que los precios máximos de referencia fijados por la Secretaría de Energía están por debajo del costo de operación», agregaron desde Cegla.
Desde esta cámara que nuclea a 17 fraccionadores pymes y representa al 70% del mercado nacional, sostienen que «están trabajando a pérdida» y que el «precio al consumidor está atrasado en comparación con los costos».
Ante la proximidad a la temporada invernal, el complejo panorama desespera a los productores de garrafas, que abastecen a casi el 40% de la población, que las utiliza, principalmente, para calefaccionarse y cocinar. La Ley 26.020 establece que los precios de referencia se deben actualizar periódicamente, garantizando una «razonable rentabilidad», a fin de que
se puedan realizar las inversiones necesarias. Por eso, según los cálculos del sector, el precio de las garrafas debería duplicarse.
Para evitar ese aumento, la Secretaría de Energía dispuso una Asistencia Económica Transitoria (AET) para el sector, pero el Estado debe siete meses de ese ítem, acumulando una deuda de $5.400 millones. El subsidio caducó en diciembre y no se prorrogó, mientras que los Precios Máximos de Referencia no alcanzan para cubrir los costos.
Según la última resolución, para una garrafa de 10 kg se fijó para el fraccionador $667, para el distribuidor $1.171 y $1.229 para la venta al público. En el caso de las unidades de 12 kilos, los precios máximos pasaron a ser de $728 a $800, de $1.277 a $1.405 y de $1.341 a $1.475; mientras que en las de 15 kilos de $910 a $1.000, de $1.597 a $1.756 y de $1.677 a $1.844, respectivamente.
Al ser consultado por La Palabra, Juan de «Amarilla Gas», expresó «nosotros sólo acatamos órdenes. No tenemos mucho poder de decisión. Vamos a ver lo que se decide desde más arriba».
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