La empresa CARSA S.A., propietaria de una parte de la operación de la cadena de electrodomésticos Musimundo, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Chaco, en un intento por reordenar una compleja situación financiera marcada por pasivos bancarios superiores a los 3.000 millones de pesos y una sostenida caída en la rentabilidad del negocio.
La presentación fue formalizada el 7 de julio ante el Juzgado Civil y Comercial N.o 23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, y posteriormente comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico, en cumplimiento de las obligaciones que corresponden a una empresa emisora de obligaciones negociables.
Desde la compañía explicaron que el concurso preventivo constituye la herramienta prevista por la legislación argentina para negociar con los acreedores bajo supervisión judicial, reorganizar los pasivos y garantizar la continuidad operativa de la firma, evitando una eventual quiebra. La decisión había sido aprobada previamente por unanimidad durante una asamblea de accionistas realizada el 30 de junio.
De acuerdo con los registros del Banco Central, al cierre de mayo de 2026 CARSA mantenía deudas bancarias por aproximadamente 3.060 millones de pesos. El principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, con una exposición cercana a los 1.549 millones de pesos, seguido por el Nuevo Banco del Chaco con unos 300 millones. El resto de la deuda se distribuye entre distintas entidades financieras.
La empresa ya había atravesado un proceso similar en 2018, cuando también recurrió al concurso preventivo para reestructurar una deuda que entonces rondaba los 900 millones de pesos. Ocho años después, el escenario vuelve a repetirse en un contexto muy diferente para el comercio minorista de electrodomésticos y tecnología.
CARSA opera más de medio centenar de sucursales de Musimundo, principalmente en provincias del norte argentino. En los últimos meses había avanzado con el cierre de algunos locales en busca de reducir costos y adecuar su estructura a un mercado cada vez más orientado al comercio electrónico y con menores márgenes de rentabilidad.
El caso de Musimundo se suma a una serie de dificultades que atraviesan distintas empresas del sector comercial y del retail. La caída del consumo de bienes durables, la retracción de las ventas, el aumento de los costos operativos y la transformación de los hábitos de compra hacia plataformas digitales vienen afectando a numerosas cadenas de electrodomésticos en todo el país. Analistas del sector señalan que el proceso también se desarrolla en un escenario de mayor competencia por la apertura de importaciones y una demanda interna que aún no logra recuperarse plenamente.
Por el momento, la apertura del concurso preventivo no implica el cierre de la empresa ni la interrupción de sus operaciones comerciales. El proceso judicial buscará alcanzar un acuerdo con los acreedores que permita reordenar sus compromisos financieros, preservar los activos y sostener la actividad mientras se define un plan de reestructuración.
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