La demora en los pagos a centros que brindan servicios a personas con discapacidad volvió a generar preocupación en todo el país. Hogares, centros de día y prestadores aseguran que la situación es crítica y pone en riesgo la continuidad de la atención a miles de personas.
Desde el sector advierten que el sistema “está colapsando”, ya que muchas instituciones siguen funcionando sin certezas sobre cuándo cobrarán prestaciones que ya fueron facturadas hace meses.
Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que comenzaron a destrabar la situación en conjunto con el área de Economía y que se iniciaron los pagos correspondientes a octubre y noviembre de 2025. Sin embargo, los atrasos acumulados siguen generando un fuerte impacto.
Mientras tanto, varias instituciones se vieron obligadas a tomar medidas para poder sostenerse: algunas limitaron sus servicios, otras se endeudaron para pagar salarios, y en los casos más extremos, hubo centros que directamente cerraron sus puertas.
Desde la cartera sanitaria también señalaron que en el último mes se aplicó un aumento del 5,78% en los valores de las prestaciones correspondientes a enero y febrero, que se suma a las actualizaciones que durante 2025 oscilaron entre el 29% y el 34%.
No obstante, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuestionaron estos incrementos. Según explicaron, están calculados sobre una base “errónea y desactualizada”, por lo que no alcanzan a cubrir el desfasaje con la inflación.
En ese sentido, indicaron que la compensación prevista por la Ley de Emergencia en Discapacidad fue reconocida por el Estado en apenas un 10,5%, cuando el atraso real que estiman los prestadores asciende al 27,79%.
El conflicto sigue abierto y la incertidumbre crece en el sistema.
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