Según lo expuesto por el gremio, la medida implicaría una reducción de los ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente. «El salario no es ganancia, partimos de esa base; esto es un atentado al bolsillo de todos los trabajadores, así que estamos totalmente en contra», sostuvo la AJB Quilmes.
«Rechazamos la modificación de la Ley de Impuesto que pretende introducir a través del Presupuesto General de la Nación para el año 2023 sobre los salarios y jubilaciones que percibimos la totalidad de los y las trabajadoras judiciales, independientemente de su fecha de ingreso y composición de la estructura salarial, resultando la misma abusiva y confiscatoria, máxime en un contexto inflacionario como el que vivimos», agregó.
Además, puntualizó: «El salario de los y las trabajadores es una retribución que percibimos por parte de quienes se apropian de nuestra fuerza de trabajo, experiencia y saberes explotándolos para su beneficio. En tanto que los haberes jubilatorios sufren una doble imposición tributaria, ya que mayormente devienen de aportes y contribuciones de la etapa en actividad del trabajador/a. El Poder Judicial no son sólo los jueces, juezas y demás magistrados, los trabajadores judiciales somos la inmensa mayoría y no debemos ser enfrentados con trabajadores de otras actividades».
En este sentido, puso de manifiesto: «En un país donde se desgravan o exceptúan del pago de ciertos tributos a vastas actividades llevadas a cabo por empresas multinacionales que extraen y saquean nuestros bienes comunes naturales, llevándose las riquezas al exterior sin generar en nuestra patria puestos de trabajo genuino y no dejando más que desolación y contaminación en nuestros suelos y ríos; o sectores económicos que obtienen beneficios a través de la especulación financiera y prácticas monopólicas para la maximización de sus ganancias, e incluso hasta la fuga de capitales y lavado de activos, sin que eso ponga en discusión el modelo de desarrollo productivo, tecnológico e industrial de la Argentina».
Por último, señaló: «Resulta inmoral que las sucesivas crisis económicas sigan recayendo una y otra vez sobre nuestras espaldas. La excesiva transferencia de nuestros ingresos del sector del trabajo al del capital concentrado a través de la inflación, aumento de tarifas y cartelización de precios es descomunal y se ve sumamente agravada a través de seguir sosteniendo el injusto impuesto al salario, en una puja distributiva que nos quieren hacer perder por goleada a los trabajadores».
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