El presidente de la organización Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, defendió el proyecto de Ley de Salvataje Nacional y aseguró que, si se implementa un esquema similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pero orientado a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores, las fábricas podrían frenar los despidos durante al menos un año. Según sostuvo, la iniciativa permitiría recuperar el consumo interno y generar una rápida reactivación de la economía.
Rosato destacó que el proyecto apunta a proteger tanto a las Pymes como a los trabajadores en medio de la crisis económica y social. En ese sentido, remarcó que la propuesta no busca confrontar con el Gobierno nacional, sino aportar herramientas para contener el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Además, pidió a legisladores oficialistas y aliados que impulsen el diálogo con el presidente Javier Milei para avanzar en la discusión de la norma.
Entre los principales puntos, la ley plantea beneficios impositivos, créditos blandos y alivios tarifarios para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El texto propone reducir un 50% las tarifas de servicios públicos utilizados en procesos productivos y también disminuir a la mitad el IVA aplicado a esos consumos. A su vez, contempla planes de regularización de deudas tributarias y bancarias, además de la exención del impuesto al cheque.
“No solo las grandes empresas necesitan un RIGI, sino que las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen beneficios impositivos para recuperarse. El plan contempla la atención inmediata de la crisis que se generó con la morosidad de las deudas bancarias, tanto de las empresas como de los consumidores, a través del lanzamiento de créditos blandos que permitan recuperar la capacidad de inversión para las empresas y de consumo para los trabajadores”, especificó Rosato.
El proyecto también busca incentivar el consumo mediante reintegros para quienes compren productos de primera necesidad en comercios PyME. Otro de los ejes es garantizar mayor presencia de productos nacionales en supermercados e hipermercados, donde al menos el 30% de las góndolas debería estar destinado a artículos elaborados por pequeñas y medianas empresas argentinas.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la preservación del empleo. La norma establece que las empresas que adhieran al régimen deberán mantener los puestos de trabajo durante la vigencia de la emergencia. En caso de despidos sin causa, perderían automáticamente los beneficios otorgados por la ley. “Sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible”, señala el proyecto en sus fundamentos.
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