Santander, Galicia, Itaú, HSBC y BBVA fueron los primeros en comenzar a operar por esos canales, tras lo cual se sumaron el resto de las entidades privadas. Sin embargo, las limitaciones para la compra alcanzan ahora a millones de personas, algo que generó un fuerte rechazo entre los ahorristas.
El pasado 15 de setiembre, el Banco Central había anunciado que la compra de dólar ahorro tendría un recargo del 35% deducible de Ganancias, al tiempo que incluía dentro del tope de compra de u$s200 por mes las compras en dólares con tarjeta de crédito en el exterior y en servicios en moneda extranjera. Además, la restricción de compra incluye a partir de esa fecha a aquellos beneficiarios de planes sociales, a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas. Tampoco podrán comprar divisas quienes tengan planes de financiación en cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o préstamos hipotecarios UVA.
La nueva modalidad despertó críticas y generó preocupación en miles de ahorristas que ven en la moneda extranjera su única capacidad de ahorro ante la eterna devaluación del peso. Además, se sumó otra preocupación: el retraso en la actualización de los sistemas de venta on line, que afectó la actividad durante doce días en los cuales no se pudieron registrar operaciones. Según informaron las entidades bancarias, ese retraso se debió a «problemas para modificar el sistema» para poder determinar qué clientes percibían algún tipo de beneficio o ayuda del Estado.
En diálogo con este medio, empleados de diversas entidades bancarias informaron quiénes son los ciudadanos que no pueden acceder a la compra de dólares de acuerdo a la nueva disposición del Banco Central. Los afectados son todos aquellos que posean movimientos en las cuentas que no se correspondan con las medidas permitidas, ingresos o egresos sospechosos o excesos en los cupos permitidos; monotributistas y autónomos que se hayan beneficiado con créditos a tasa cero; dueños de empresas beneficiarios del programa ATP para el pago de salarios; quienes operan dólares financieros; beneficiarios de planes sociales (IFE, Tarjeta Alimentar, etc.); aquellos ciudadanos sin ingresos estables (de acuerdo al entrecruzamiento de datos con la ANSES); quienes hayan hecho el pago mínimo de la tarjeta de crédito durante mayo y abril y tengan un plan de refinanciamiento; beneficiarios de créditos UVA; titulares de cuentas bancarias compartidas.
Hacé tu comentario