El Gobierno nacional dejó vencer el plazo fijado por la Cámara para girar los fondos adeudados a más de 60 universidades públicas y, en un movimiento de último momento, presentó una apelación para intentar frenar los pagos, estimados en unos $2,5 billones.
La obligación surgía de una medida judicial que ordenaba cumplir con los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados al pago de salarios y becas. Ante el incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó una presentación en tribunales y reclamó la convocatoria urgente a paritarias.
Según datos del propio sistema universitario, las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023. En ese contexto, desde el sector advierten sobre un escenario crítico y no descartan convocar a movilizaciones en todo el país si no se garantiza el financiamiento.
La apelación fue impulsada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de suspender la ejecución del fallo que obliga a actualizar salarios y recomponer ingresos. Desde la administración de Javier Milei argumentan que la medida impacta de forma severa en las cuentas públicas y carece de financiamiento definido.
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