Tras la asunción del nuevo Gobierno provincial, se anunció el envío a la Legislatura de un paquete de proyectos de ley para declarar la emergencia económica, social, productiva y energética en la Provincia de Buenos Aires. Y se agregó por decreto al temario de la sesión de Diputados -que se esperaba esta semana- también la emergencia en salud y educación.
¿Significa esto el pedido de “superpoderes” de Axel Kicillof para poder redistribuir recursos en las distintas áreas del gobierno, a pesar de lo que quede escrito en el presupuesto que debe aprobar la Legislatura? Todo parece indicar que no existe intención desde el Poder Ejecutivo de pedir autorización para financiar las áreas más sensibles. Sólo una no aparece en la lista: seguridad.
La emergencia social está relacionada con atacar los primeros cien días de gobierno, los principales indicadores que preocupan: desocupación, hambre, pobreza, salud y educación. Desde el gobierno explican que se busca articular con la Nación acciones necesarias para implementar en la Provincia y los municipios.
En tanto, Kicillof pide que los legisladores aprueben la creación en el ámbito de la Dirección General de Cultura y educación del “Programa Especial de Emergencia Educativa” (PEED) que será destinado al financiamiento de obras urgentes en materia de infraestructura escolar, a través de convenios con los municipios y/o consejos escolares.
Entre las facultades, el Gobernador pide “adoptar todas las medidas necesarias” para garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura sanitaria y el acceso a medicamentos, vacunas, tratamientos y otros insumos para la conservación de la salud.
En lo relacionado a la energía, el Gobernador quiere disponer la suspensión de los aumentos tarifarios a partir del primero de enero de 2020 en materia de servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica durante 180 días, prorrogables mientras se mantenga el estado de Emergencia Energética.
Durante ese lapso, el Ejecutivo quedaría facultado para iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente o iniciar una revisión con carácter extraordinario. Asimismo, podría proceder al análisis integral de los cuadros tarifarios, incluyendo los costos, gastos e inversiones comprometidas y efectivamente realizadas.
Y quieren “analizar y revisar de modo integral el marco regulatorio de transporte y distribución de energía eléctrica y de las actuales concesiones otorgadas por la Provincia y/o transferidas por el Estado nacional”.
Kicillof también solicita declarar la “Emergencia productiva”. Y que la Legislatura le permita crear un programa de emergencia dirigido a las micro y PyMEs y pequeños y medianos productores; y a implementar a través de ARBA un régimen de regulación de deudas para micro y PyMEs por obligaciones fiscales vencidas al 31 de diciembre de 2019. La condición es que las empresas mantengan su dotación de personal.
Respecto a la búsqueda de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, el Gobernador pedirá facultades para llevar adelante gestiones y actos necesarios para lograr ese objetivo, en sintonía con los anuncios realizados esta semana por el ministro de Economía de Alberto Fernández, Martin Guzmán.
Así el Gobierno provincial busca prorrogar la vigencia para el ejercicio 2020 del Presupuesto General de la Administración provincial aprobado por ley 15.078, hasta tanto sea sancionada la ley de Presupuesto General de la Administración Provincial. Para aplicar todas estas adecuaciones, requiere la potestad de adecuar los gastos.
Para convencer a la oposición, el oficialismo prevé una visita de los ministros de Economía, Producción y del Secretario General de la Gobernación, Federico Thea, a los jefes de los distintos bloques legislativos, como una instancia de intercambio y de explicación de cada uno de los puntos que contiene el proyecto.
El verdadero desafío es en el Senado, donde el Frente de Todos no tiene mayoría. Juntos por el Cambio ya le advirtió que necesitarán más tiempo para analizar el paquete, quizá hasta la semana próxima.
Para la oposición, votar esta ley sería literalmente aceptar que todas las áreas del Gobierno quedaron en “emergencia” tras la gestión de María Eugenia Vidal, una verdadera contradicción para una fuerza política que acaba de dejar el gobierno.
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