«La situación hoy es la misma que hace 9 días, cuando los prestadores de servicios para personas con discapacidad decidimos reunirnos por la complejidad de lo que estamos viviendo y comenzamos con los reclamos. Lo que pasa es que se pasan la pelota entre la Superintendencia de Salud, la AFIP y las obras sociales, pero hasta el momento ninguna entidad se hizo responsable de la falta de pago. Entre las cosas que reclamamos están nuestros honorarios de junio y julio que aún no fueron abonados, lo esperábamos para el 19 del mes pasado pero nunca se hizo efectivo. El problema es que, además, no hay fecha cierta y nadie nos dice de qué modo ni cuando lo vamos a cobrar. Por eso seguimos en lucha, todos los centros categorizados y no categorizados de Berazategui decidimos cerrar nuestras puertas y no atender con certificado de discapacidad para poder hacer visible el reclamo», así lo expresó la licenciada en terapia ocupacional, María Carla Camino. En su misma situación hay psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y otros profesionales.
«La semana pasada nos dijeron que comenzaron a liberar pagos, pero el problema es que muchas obras sociales deben más de seis meses. El intermediario es la Superintendencia y las obras sociales nos deben hacer las transferencias», apuntó la profesional. Muchos estiman que las mismas trabajan con el dinero que no pagan.
«Muchas tienen nuestras facturas pero no nos pagan. Estamos trabajando con muchas obras sociales sin recibir nuestros honorarios desde hace tiempo y para cualquier trabajador esto es insólito. Somos trabajadores de la salud, pero no podemos vivir del aire. Necesitamos que nos paguen en tiempo y forma».
Camino insistió: «No puede ser que no sepamos cuándo vamos a cobrar ni qué día. El 19 es solo un estimativo. Yo trabajo con 14 obras sociales, hay meses que me pagan cinco y hay veces que me pagan diez, por eso reclamamos que este sistema se pueda modificar».
Como es el procedimiento
«En diciembre presentamos una carpeta con documentación de cada paciente que ellos evalúan durante los primeros meses. Las autorizaciones son anuales y en marzo nos dicen si están autorizados. Una vez que facturamos a los 90 días, con suerte, cobramos. Por eso lo que exigimos es que este sistema cambie…necesitamos que una vez que presentemos la facturación, máximo en 30 días podamos cobrarlo», sostuvo.
Expresó la necesidad que se regularice «todo lo adeudado en el 2022. Pedimos hablar con el presidente de la Nación pero no tuvimos ninguna respuesta, porque en la Casa Rosada no nos recibió nadie. Nadie toma la responsabilidad. Es un sector muy vulnerable, porque el 15 por ciento de la población argentina necesitan nuestro servicios».
El problema se complica porque los transportistas que deben llevar a los pacientes hasta las terapias están con las mismas demoras y los acompañantes terapéuticos igual. «Son los tres pilares para que las personas con discapacidad obtengan lo que necesitan», admitió Camino.
«Es muy importante que ellos puedan recibir estas terapias para avanzar y ser independientes, además de lograr la mayor autonomía posible. Si nosotros seguimos así, las cosas para ellos se van a complicar más, por eso decidimos una medida extrema que no nos hubiésemos imaginado nunca».
Y estableció: «Los chicos con TEA necesitan continuidad con sus tratamientos, porque lo que más los favorece es una rutina que se repita en el tiempo. La interrupción del tratamiento ve afectada su conducta, les genera ansiedad y todo lo que se viene trabajando, lamentablemente, se pierde».
Finalmente, expresó: «Tenemos gastos fijos que debemos solventar, como alquileres, monotributo, todos tenemos que tener un seguro… son gastos fijos que hay que pagar. Por eso hay un montón de profesionales que solo quieren trabajar particularmente, y solo una minoría puede acceder a las prestaciones. Para la familia es un gasto muy importante».
Los prestadores no se niegan a trabajar con obras sociales, pero necesitan tener sus «derechos asegurados.»
Otro de los aspectos de importancia es que, según versiones, «en el segundo semestre del año iban a disminuir las sesiones autorizadas para cada paciente. Entonces no iba a ser el médico el que fije cuántas sesiones iba a necesitar el paciente, sino que iban a ser ellos. De las 8 sesiones que se autorizan iban a ser solo cuatro, es decir que iban a restringir a la mitad la cantidad de sesiones que pueden recibir los prestadores con discapacidad. En definitiva eso es vulnerar los derechos de las personas, porque no tendrían lo que necesitan, sino solo lo que ellos creen, sin conocer a esas personas», planteó.
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