En 2019 más de 6 millones de argentinos estaban adheridos a algún servicio de salud prepaga, lo que cayó entre un 7 y 8 % en los últimos dos años. Según datos del sector, entre 2012 y 2019 la salud prepaga aumentó su cuota el 830%, conforme autorizó el gobierno de turno. Durante 2020 lo hicieron un 12%. Ahora la gestión de Alberto Fernández habilitó un 7% a partir de febrero de 2021. Y muy a tono con su estilo, a las pocas horas suspendió el incremento.
Las empresas manifestaron públicamente su situación de crisis y reclaman salir de la incertidumbre. Aunque reconocen que durante el 2020 el Estado los salvó de una crisis terminal por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los beneficios impositivos, ahora la situación es grave y advierten que el sistema no pasa enero.
En este contexto es que señalan que puede haber faltante de prestaciones, inclusive de hisopados para detectar covid-19.
Detrás de este problema empresario hay más de 6 millones de personas afectadas que también tienen derecho, como consumidores y pacientes, a que se les garanticen las prestaciones. Desde el sector aseguran que las cuotas están desfasadas el 54%. Una situación que perjudica directamente a estas familias.
Más allá de los afectados directos, una falta en los servicios privados de salud generará una demanda instantánea en el sistema público, en constante peligro de colapso durante la pandemia. Es cierto que desde marzo a esta parte hubo una caída en las consultas médicas por otras enfermedades, pero también aumentaron los medicamentos, los insumos importados y las internaciones por Covid-19.
Mientras desde la Cámara que los nuclea proponen recibir un subsidio estatal -tal como lo hace la educación privada-, el Gobierno se debate entre autorizar un aumento que garantice las prestaciones y golpee aún más el bolsillo de la clase media o asfixiar todavía más el negocio, con el riesgo de tener que absorber pacientes desde el sector público.
Desde la dirigencia política debe llegar una definición inteligente, vacía de fines electorales y con foco en cuidar la salud de los afiliados y las fuentes de trabajo que el sistema genera.
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