La renovación y obtención de las licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales en la provincia de Buenos Aires registró un fuerte incremento en sus costos tras la entrada en vigencia del nuevo esquema establecido desde el 6 de julio. La medida afecta principalmente a los conductores de las categorías C, D y E, destinadas al transporte de cargas, pasajeros y maquinaria especial, y despertó cuestionamientos de transportistas, municipios y dirigentes políticos.
Según estimaciones difundidas por distintos sectores, el trámite pasó de costar alrededor de 22.000 pesos a valores cercanos a 250.000 o incluso 300.000 pesos, al incorporarse nuevos exámenes psicofísicos y cursos obligatorios que deben realizarse en prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El incremento representa una suba superior al 1.200% respecto del esquema anterior.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense aclararon que el aumento no responde a una decisión provincial sino a las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional luego de la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI). La cartera explicó que Buenos Aires continúa adherida al Sistema Nacional de Licencias y que los requisitos, los prestadores habilitados y los costos de las evaluaciones son definidos por la normativa nacional.
La implementación del nuevo sistema generó dificultades para miles de choferes que debían renovar sus licencias. Ante esa situación, la Provincia dispuso una prórroga de 60 días para los vencimientos alcanzados por el cambio, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo régimen mientras se normaliza la realización de los exámenes obligatorios.
El incremento fue criticado por intendentes, cámaras empresarias y representantes del transporte, quienes advirtieron que el costo representa una carga económica muy importante para trabajadores independientes y pequeñas empresas. Desde esos sectores sostienen que el nuevo esquema encarece el acceso a la licencia profesional y podría afectar la actividad. Por su parte, las autoridades nacionales y provinciales argumentan que las modificaciones buscan unificar criterios de evaluación y reforzar los controles sobre quienes conducen vehículos de transporte de pasajeros y cargas.
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