La Autoridad del Agua implementó un nuevo régimen para cobrar cánones y tasas a urbanizaciones que utilizan recursos hídricos sin regularizar su situación.
La provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo mecanismo destinado a controlar y cobrar el uso del agua en countries, barrios cerrados y emprendimientos urbanísticos privados que operan sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente.
La medida fue oficializada por la Autoridad del Agua (ADA) mediante la Resolución 879/2026, que establece un régimen especial para estimar el consumo de agua y la generación de efluentes en aquellos desarrollos inmobiliarios que no hayan obtenido los permisos de explotación y vuelco contemplados en la Ley Provincial 12.257, norma que regula el uso de los recursos hídricos en territorio bonaerense.
La decisión apunta a una problemática que se arrastra desde hace años: la existencia de numerosos emprendimientos privados que administran de manera autónoma servicios de agua potable y tratamiento de efluentes, pero que no completaron los trámites necesarios ante el Estado provincial para regularizar su funcionamiento.
A partir de ahora, la Provincia podrá incorporar de oficio a estos emprendimientos al Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, lo que implica automáticamente la obligación de abonar el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE).
Uno de los principales desafíos para el organismo era determinar cuánto consumen aquellos barrios privados que no presentan información o carecen de sistemas de medición adecuados. Para resolver esta situación, la resolución establece una metodología de cálculo basada en distintos indicadores físicos y urbanísticos. Entre ellos figuran la cantidad de lotes o unidades funcionales, la superficie cubierta construida, la cantidad estimada de habitantes, la presencia de piscinas, espacios verdes y otras instalaciones que demandan grandes volúmenes de agua.
Incluso, según trascendió, la Provincia podrá recurrir a imágenes satelitales y herramientas de análisis territorial para estimar consumos en los casos donde no existan datos declarados. De esta manera, la falta de medidores o declaraciones juradas dejará de ser un obstáculo para exigir el pago de los cánones correspondientes.
La medida podría tener un impacto significativo en distintos municipios bonaerenses donde proliferaron los desarrollos inmobiliarios privados durante las últimas décadas. En la región de La Plata, por ejemplo, investigaciones municipales detectaron que gran parte de los barrios cerrados presentan situaciones administrativas incompletas o directamente carecen de las habilitaciones definitivas exigidas para su funcionamiento.
Desde la Autoridad del Agua sostienen que el crecimiento de este tipo de urbanizaciones generó una presión creciente sobre los recursos hídricos provinciales y que resulta necesario garantizar que todos los usuarios realicen aportes proporcionales al nivel de consumo que efectivamente realizan.
El organismo argumenta que la iniciativa busca compatibilizar el desarrollo urbano con la preservación ambiental y el ordenamiento territorial. Además de una cuestión recaudatoria, la Provincia plantea que el objetivo es mejorar el control sobre la explotación de acuíferos y la disposición de efluentes, dos aspectos que tienen impacto directo sobre la calidad ambiental y la disponibilidad futura del recurso. La incorporación al régimen también permitirá fortalecer las tareas de fiscalización y monitoreo sobre emprendimientos que hasta ahora permanecían fuera de los registros oficiales.
La decisión se inscribe dentro de una estrategia más amplia de control estatal sobre countries y urbanizaciones cerradas impulsada por la administración bonaerense en los últimos años. En distintas oportunidades, organismos provinciales avanzaron sobre construcciones no declaradas, inconsistencias catastrales e incumplimientos tributarios detectados en barrios privados de alto poder adquisitivo.
Ahora, el foco se traslada al uso del agua, un recurso cada vez más estratégico en un contexto de crecimiento urbano, presión sobre los acuíferos y necesidad de garantizar una gestión sustentable. Con la nueva normativa, los emprendimientos que permanecían fuera de regla ya no podrán ampararse en la falta de información para evitar el pago de los cánones correspondientes. La Provincia contará con herramientas para estimar consumos, determinar montos y avanzar en la regularización de un sector que durante años operó con escaso nivel de control estatal.
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