Son los denominados “influencers”, personas con nombre y apellido, reales, con un enorme poder de viralización de contenidos. Hoy una herramienta interesante de comunicación y también, como toda herramienta mal utilizada, pueden ser un peligro para la sociedad. Así como difunden información certera, propagan mentiras o información errónea que llega hasta atentar contra la vida. Esto fue más notorio desde el inicio de la pandemia. Un ejemplo es la ingesta de dióxido de cloro, desaconsejada por los médicos y alentada por distintos influencers en varios países para prevenir la Covid-19. Hubo muertes por este consumo ¿Fue causa y efecto? Es posible. Sin embargo, los influencers también pueden alentar a la población a cuidarse del modo correcto, a vacunarse. Entonces, en algún lugar hay que ubicarlos dentro del campo social, lo que no deben hacer los Estados es ignorarlos y, mucho menos, prohibirlos.
Esta semana se conoció una decisión del Gobierno argentino que rechazó la creación de una Cámara de Influencers, bajo el argumento que la actividad puede conspirar contra el interés general y el bien común. Fue la Inspección General de Justicia (IGJ) la que denegó el pedido de formación de una asociación civil. Y citó como argumento la reciente “insurrección civil” ocurrida en el Capitolio de los Estados Unidos fomentada por el ex presidente Donald Trump. La IGJ se anima a mencionar algunos influencers argentinos, a los que considera una amenaza.
El pedido surgió de tres monotributistas que se dedican a influir en redes y desarrollan su actividad en las plataformas existentes. Proponen crear la Cámara de Influencers para organizarse y comunicarse entre colegas. Y hasta suena lógico.
Estos nuevos actores de la comunicación pública llegaron para quedarse y están, en los hechos, ofreciendo sus servicios y cobrando por ellos. Es un desafío, pero también una responsabilidad del Estado, crear un marco que regule su accionar, sin censura de ningún tipo. Lo que no significa que no haya límites éticos, como los hay en el periodismo y en la publicidad, cuando de publicar mensajes se trata.
Argentina necesita discutir derechos y obligaciones de estos “líderes digitales”, así como lo fue haciendo con las nuevas profesiones que surgieron; un ejemplo de ello es la industria del conocimiento, que tiene su propia ley. No es rechazando su existencia como se construye una sociedad inclusiva ni se contribuye al bien común. Es de esperar que esta decisión gubernamental abra el espacio para un debate necesario y propio de nuestro tiempo.

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