Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación informaron que la prohibición no entrará en vigor como se había anunciado previamente. Así lo hicieron mediante la firma de la resolución 269/2024, que revierte la medida. Esta decisión surge tras varios pedidos de informes y cuestionamientos sobre la iniciativa.

La modificación, de haber seguido adelante, implicaba que las aseguradoras ya no estuvieran obligadas a cubrir los “desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible”. Así, sólo tendrían la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de “accidente, incendio y robo y/o hurto”.

Además, la normativa tenía el objetivo de desregular el sector, «proteger al ciudadano» y aumentar la competencia. Incluso, algunas compañías de seguros ya habían empezado a enviar a sus clientes cartas con la notificación de este cambio en el servicio prestado.

A raíz de esta medida impuesta por la SSN, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) había tomado una decisión el 28 de mayo: una acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores.

Es que si bien la polémica resolución, ahora derogada, debía entrar en vigor recién el 24 de julio, es decir, 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial, un grupo significativo de compañías de seguros había comenzado a organizarse para dejar de prestar estos servicios a partir del 1 de julio, adelantándose a la fecha límite estipulada por la resolución. Estas compañías planeaban emitir un endoso en las pólizas, cuyo costo rondaba entre $600 y $800, para protegerse contra posibles acciones legales de los usuarios.

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