Quiere que lo cuiden para poder trabajar, estudiar, salir de su casa y volver sin miedo. No es lo que ocurre en el Gran Buenos Aires, donde sumar efectivos y patrulleros no parece ser la única respuesta. Vuelve al tapete entonces un tema que viene agravándose con los años: la liberación de personas detenidas por delitos graves, que salen antes de tiempo, sin ningún tipo de reconversión social ni laboral. Y vuelven a delinquir. Y matan.
La ministra de Comunicación del gobierno provincial, Jesica Rey, criticó a María Eugenia Vidal y al procurador Julio Conte Grand por la liberación de presos durante la pandemia de Covid en territorio bonaerense. Lo hizo para cuestionar los dichos de Vidal, que afirmó que la Provincia liberó presos durante la pandemia de coronavirus: “en verdad, esa decisión fue adoptada por el Procurador Julio Conte Grand”, funcionario que responde a Vidal.
Durante la primera etapa de la pandemia, en la Provincia se liberaron delincuentes permitiéndoles arresto domiciliario para prevenir contagios de Covid dentro de los penales. Algunos de esos malvivientes cometieron delitos mientras gozaban de ese beneficio.
A través de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte, el 16 de marzo del año pasado Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva. No fue una decisión única del Ejecutivo.
Mientras tanto, La Matanza es el distrito en donde estalló el problema. Allí asesinaron al kiosquero Roberto Sabo, de cuatro balazos. A un ciudadano de a pie. Podría haber sido cualquiera de nosotros. La senadora matancera Ana Devalle reconoció que “hay una tasa de reincidencia grande y que se necesitan planes integrales por distrito”. No hay dudas de que es necesario avanzar en una mayor inclusión, educación, programas para adicciones y oportunidades. Pero hoy algo hay que hacer.
A pocos días de las elecciones de medio término, el tema se traslada al plano electoral y es inevitable. Los argentinos y argentinas al momento de votar evaluaremos seguramente la situación económica, la laboral y la seguridad también.
Si la dirigencia política sigue pensando que el problema es a quién responde políticamente el procurador o el Ministro de Seguridad, el problema es mucho más grave. Frente a la inseguridad hay que reformular también el sistema penitenciario y su política de reinserción. Un delincuente nunca es la víctima, aunque nos quieran convencer de eso.
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