La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó frenar las obras que la empresa Global Urbanization Group llevaba adelante en la costa de Hudson, en el partido de Berazategui. La decisión se tomó tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas.
El máximo tribunal dejó sin efecto un fallo previo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quilmes, a cargo del juez Hugo Jorge Guarnieri, que había autorizado el inicio de los trabajos. Además, le quitó a ese juzgado el manejo del expediente, que se encontraba bajo carácter reservado.
La resolución responde a una presentación realizada por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson. Las organizaciones habían solicitado la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 6552/24, que habilitaba un cambio de zonificación en la costa para avanzar con un desarrollo urbano.
Ese proyecto buscaba transformar terrenos protegidos (considerados Reserva Ambiental Ribereña) en áreas aptas para urbanización. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente de la Provincia no convalidó esa modificación por entender que implicaba un retroceso en la protección ambiental.
A pesar de esa negativa, la empresa recurrió a la Justicia y obtuvo autorización para iniciar tareas preliminares en el predio. Las obras comenzaron en enero de este año sin contar con permisos ambientales ni controles oficiales, según denunciaron las organizaciones.
Al analizar el caso, la Suprema Corte consideró que existen elementos suficientes para presumir un daño ambiental grave e irreversible, por lo que ordenó la suspensión inmediata de las actividades hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Durante los meses en que avanzaron los trabajos, se registró la pérdida de una parte del ecosistema costero, que incluye humedales y sectores de bosque nativo. Se trata de áreas clave para la regulación hídrica, ya que ayudan a prevenir inundaciones y a filtrar el agua de las napas.
El fallo también marca un antecedente poco común ya que no es habitual que la Suprema Corte bonaerense disponga la paralización de obras en el marco de una acción de inconstitucionalidad. En este caso, la medida refuerza los reclamos de organizaciones sociales que buscan preservar la costa del Río de la Plata frente al avance de proyectos urbanísticos.
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