Pasaron 18 meses de la promulgación de la actual ley de alquileres, que hoy genera inequidad y descontento tanto a inquilinos como a propietarios. En aquel momento se sancionó con un amplio apoyo del oficialismo y la oposición en el Congreso de la Nación. Pero la realidad evidenció que la norma no era lo que la sociedad necesitaba.
Reconocido el problema, el Gobierno se comprometió a impulsar cambios y a escuchar a los sectores involucrados. Es necesaria la prudencia a la hora de legislar sobre un tema tan sensible que afecta a millones de argentinos.
Para favorecer que bajaran los precios de los alquileres en el mediano plazo implementaron una ley que está generando más problemas que la anterior. La norma apuntaba a que los precios de los alquileres estuvieran por debajo de la inflación, pero terminó teniendo el resultados inversos con aumentos muy por encima de los ajustes salariales de los inquilinos.
Esta semana el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, se reunió con inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios para discutir mejores condiciones, tanto para los propietarios como para los inquilinos, y avanzar con las modificaciones que le den solución a un problema que ya lleva años.
Las nuevas reglas que se apliquen, si se modifica esta ley, debe contemplar el mediano y largo plazo. El Estado debe mediar para evitar abusos, pero no obligar al propietario a fijar alquileres por debajo de la inflación, ni al inquilino a pagar aumentos bruscos que no puede afrontar con sus ingresos.
En el actual contexto inflacionario que vivimos, la exigencia de llevar los contratos a tres años encarece el valor locativo, ya que el dueño hace las previsiones del caso ante la incertidumbre sobre los valores futuros. De este modo las partes no pueden convenir ni el plazo ni el precio a partir del segundo año. Esto aumenta la incertidumbre de la que, previsiblemente, el propietario buscará cubrirse. Es un círculo vicioso.
Resulta fundamental que, ante la falta de acceso a la vivienda propia y al crédito hipotecario en nuestro país, la política incluya en la agenda como prioridad una ley de alquileres más justa.
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