Uno de los resultados negativos de la Ley y que impulsa al Ejecutivo a realizar un cambio es el aumento en los precios de los alquileres de inmuebles, que según consultoras privadas llegó a un promedio anual del 57,45% en octubre de este año, esa fue la primera señal objetiva de que la normativa no funcionaba nada bien.
Para profundizar sobre la posible suspensión de la Ley de Alquileres, La Palabra dialogó con el martillero Gustavo Penas, quién analizó los inconvenientes de la normativa y qué sucederá con su interrupción.
«Es probable que la suspensión salga, según los últimos trascendidos, no es nada nuevo, porque ya desde que comenzó se sabía que iba camino al fracaso», apuntó Penas. En este sentido, detalló: «Se modificará la ley, porque como los propietarios ya no veían la ganancia en poner su inmueble en alquiler, empezaron a ponerlos en venta. En este sentido se achicó la oferta y los precios se dispararon».
Por otra parte, el profesional señaló: «La ley se ajustaba por costo de vida e índice salarial, eso hizo que aumentaran los alquileres. Además, se exigía a los propietarios estar registrados en la AFIP a través del régimen del monotributo, y eso también complicó a que los dueños pongan su inmueble para la renta. También influyó que los ajustes sean por año».
En relación a los contratos que se firmaron bajo la Ley de Alquileres, Penas mencionó: «Supongo que se congelarán y los contratos nuevos firmarán con la ley que regía anteriormente a la nueva normativa». Sin embargo, aclaró: «El Gobierno tendrá que encontrar un equilibrio para no perjudicar al locador, porque la inflación sigue creciendo y, si se congelan los alquileres, no tendrán ganancia».
Además, el martillero mencionó que el plazo del contrato es otro de los puntos cuestionados. «Tenía una duración de tres años y era demasiado largo, creo que sí se modifica la ley volverá a los dos años de contrato». Asimismo, contó: «Se está hablando de que se va a cambiar la manera de garantía, pero no hay detalles al respecto, está en debate».
El Presidente de la Cámara de Diputados propuso directamente suspender la ley por 180 días mientras se avanza con la nueva legislación. «Espero que la suspensión sirva, pero los problemas siguen porque habrá que negociar con cada propietario y cada inquilino», opinó Penas.
«Las cuestiones que tiene que tener en cuenta la normativa es un sistema de desalojo exprés, fomentar a los propietarios que edifican y ponen un inmueble en alquiler, quizás reduciendo los impuestos. El fin debe ser mejorar la oferta y que el locador vuelva a confiar en poner su propiedad en alquiler», resaltó el martillero.
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